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UN BALANCE DE LOS LOGROS Y FALENCIAS DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA 85
Cuadro 3.10 Homicidios en América Latina (2000-2008)
NÚM. DE HOMICIDIOS POR CADA
100 000 HABITANTES
% CAMBIO
PAÍS 2000* 2008**
2000-2008
Argentina 7.0 5.3 –24.7
Bolivia 3.7 10.6 183.4
Brasil 26.7 25.2 –5.6
Chile 1.9 1.7 –10.5
Colombia 63.3 39.0 –38.4
Costa Rica 6.3 11.0 74.6
Ecuador 15.3 18.0 17.6
El Salvador 37.3 52.0 39.4
Guatemala 25.8 48.0 86.0
Honduras 49.9 57.9 16.0
México 14.0 12.0 –14.3
Nicaragua 9.0 13.0 44.4
Panamá 10.1 19.2 89.6
Paraguay 12.6 12.2 –3.2
Perú 4.9 11.2 128.6
Rep. Dominicana 13.1 21.5 64.2
Uruguay 4.6 5.8 26.1
Venezuela 33.0 47.2 43.0
América Latina 18.8 22.8 21.3
NOTAS: (*) Los datos para Bolivia y Perú son para 2001. (**) Los datos para Perú son para 2005; para Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana y Uruguay son de 2007, y para Chile y Colombia son de 2009.
Los datos regionales son el promedio o término medio simple (no ponderado por población) de todos los
países.
FUENTES: ONUDD, 2002 y 2010; Observatorio Centroamericano sobre Violencia, 2007; CEJA, 2008; OEA, 2008, p. 18;
PNUD, 2009, p. 68; Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2008;
Waiselfisz, 2008; Sistema Nacional de Seguridad Pública y CONAPO, 2009.
Un aspecto central de la ciudadanía civil, la administración de la justicia, presenta
otros problemas. En efecto, la justicia no llega a todos. Todos somos iguales ante la
ley, pero la ley no es igual para todos.
A pesar de que el advenimiento de la democracia permite un mejor control de las
funciones represivas del Estado, aún subsisten violaciones a los derechos humanos que
requieren una urgente acción en la región. Ciertamente, en su gran mayoría estas
violaciones no son parte de un plan represivo sino que constituyen otro aspecto de
la debilidad del aparato del Estado para controlar la fuerza pública. Por un lado, hay
evidencia de que los agentes del Estado que violan derechos humanos, en el contexto
de democracias electorales, gozan de un alto grado de impunidad.
Por otro lado, los indicadores sobre población carcelaria, ocupación carcelaria y
presos sin condena ofrecen indicios de que el Estado no garantiza debidamente los
derechos de acusados y prisioneros (véase cuadro 3.11). La tasa de población carcelaria