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TRES POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS 181
incluye programas de asistencia social altamente redistributivos, como los subsidios
condicionados, los programas de nutrición y las pensiones de ancianos indigentes. Sin
embargo, estos programas deben tener como objetivo extender sus benefi cios a todos
los benefi ciarios que cumplen con los criterios de focalización. Como dichos programas
son subsidiarios de la política social básica, deben integrarse a ella en la medida de lo
posible, tal como ocurre en los sistemas de bienestar de los países industrializados.
Además, es posible emplear programas focalizados como palanca para garantizar que
las poblaciones empleen los servicios universales, como acontece hoy con varios de los
programas de subsidios condicionados. La focalización puede servir, fi nalmente, para
adaptar algunos programas a características específi cas de algunos grupos sociales,
como las poblaciones indígenas.
Seguridad pública
La deserción de los mecanismos públicos de justicia
y seguridad. La pérdida de la capacidad estatal para hacer valer la legalidad lleva
a una creciente tendencia de los latinoamericanos a desertar de los mecanismos públicos
de justicia y seguridad, que van desde la renuencia a denunciar hechos delictivos y
la proliferación de las empresas de seguridad privada (con un marco legal y supervisión
estatal insufi cientes) hasta la entronización del linchamiento como método para combatir
la delincuencia.
La penetración del crimen organizado, particularmente del narcotráfi co. Pese
a los intentos de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción del tráfi co de drogas,
la región es la principal productora de cocaína del mundo, mientras aumenta su participación
en la producción de drogas opiáceas y sintéticas. Como productores, sitios de
tránsito, almacenamiento y legitimación de capitales ilícitos, puntos de acceso al mercado
estadounidense o mercados de consumo, los países latinoamericanos participan
en un comercio ilícito que moviliza decenas de miles de millones de dólares cada año.
Este inmenso fl ujo de recursos ha transformado la realidad de la seguridad de la región,
exponiendo a instituciones policiales, militares, judiciales y políticas, a riesgos de
corrupción sin precedentes con un aumento dramático de la criminalidad violenta.
Un debate necesario: Tres interrogantes marcan, a nuestro juicio, los contenidos
del debate prioritario:
■ ¿Cómo enfrentar los recursos y capacidades crecientes del crimen organizado y su
infi ltración en los Estados latinoamericanos?
■ ¿Cuáles son las políticas efi caces y ajustadas al Estado democrático de derecho más
aptas para reducir los niveles de comercio ilícito y los elevados niveles de homicidios
dolosos?