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188 SEGURIDAD PÚBLICA
relacionados con la salud superan la mitad del total (3.9% del pib, sobre un total de
7.7%). 22 Eso no sorprende si se tiene en cuenta que de las vidas perdidas a manos de la
delincuencia en América Latina en la década pasada, casi la mitad han sido hombres
de entre 15 y 29 años de edad, en plena fase productiva y reproductiva. 23
Asimismo, es importante resaltar las erogaciones por concepto de compra de servicios
de seguridad por las personas y empresas de la región. En el caso centroamericano,
tales desembolsos (1.5% del pib) superan el monto del gasto realizado por las
instituciones estatales encargadas de las funciones de seguridad pública y justicia
(1.3%). 24 Tan sólo la compra de servicios a empresas de vigilancia privada en América
Latina ronda los US$6.500 millones anuales, casi la mitad de los cuales se facturan en
Brasil. Más aún, ese monto ha crecido a un ritmo superior de 8% anual en el pasado
reciente. 25
La dimensión trágica de estas cifras queda evidenciada por un sorprendente dato
arrojado por una investigación realizada en Costa Rica. En ese país centroamericano,
la inversión pública necesaria para hacer cumplir la condena promedio de un preso por
homicidio doloso o violación es superior a la requerida para educar a una persona desde
el nivel preescolar hasta su graduación universitaria como médico o abogado. 26 Educar
a los jóvenes latinoamericanos es una opción no sólo moralmente superior a la de
reprimirlos, sino también más económica.
Seguridad pública: ¿hacia dónde ir?
Los altos niveles de inseguridad ciudadana son un riesgo claro y presente para la calidad
e incluso para la estabilidad de la democracia en la región. Una democracia que no
es capaz de asegurar la vigencia cotidiana de un núcleo duro de derechos elementales
—como la vida, la integridad física y el disfrute del patrimonio— ofrece una ciudadanía
disminuida.
Asimismo, una democracia que no es capaz de asegurar el ejercicio pleno de
derechos sociales y económicos termina por crear condiciones que favorecen la
generación y reproducción de la violencia, la cual a su vez la debilita.
Romper este complejo círculo requiere superar el tono actual de la discusión sobre
la inseguridad en la región, que con frecuencia ha empezado a girar —sobre todo en
épocas electorales— en torno a promesas de enfrentar el problema con “mano dura”,
esto es, con métodos que hacen un uso abundante e intensivo de los mecanismos de
coerción del Estado, no pocas veces con franca impaciencia, cuando no con desprecio
22 Acevedo, 2008.
23 oms, 2002.
24 Acevedo, 2008.
25 Dammert, 2008.
26 pnud, 2006.