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TRES POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS 193
En varias de las sociedades latinoamericanas hay evidencia de que los procesos de
debilidad institucional han generado violencia que se manifi esta en la lucha entre bandas
rivales para el control de las rutas de paso hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo,
esta violencia se amplía cada vez más, estimulada por la competencia por el
control de los mercados locales de drogas y de una serie de otros delitos como la trata
de personas, prostitución, pornografía infantil, piratería, robo de vehículos, adopciones
ilegales, venta de autopartes robadas, secuestro, extorsión y los delitos conexos a esta
violencia como lesiones, homicidio y desaparición de personas. En algunos casos, estos
fenómenos están ligados también al manejo ilícito de contratos de obra pública y de
aprovisionamiento de servicios públicos o privados. Esta coexistencia de debilidad
institucional y violencia, que se observa en países como México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Colombia y partes de Venezuela y de Brasil tiene una estrecha relación
con el lavado de dinero. 29
Las instituciones estatales para investigar y perseguir delitos, como las policías, las
fi scalías y los órganos de criminalística, así como los jueces y magistrados, no han tenido
el éxito esperado a pesar de los procesos de reforma judicial. A la vez, se han generado
procesos de infi ltración en las mismas instituciones.
La violencia ha estallado en los países centroamericanos porque existe una gran
población de jóvenes que no tiene acceso a servicios educativos o sociales, ni capacidad
de poder acceder a ellos. Las políticas dirigidas a reprimir a las bandas delictivas
han demostrado ser inefi caces. Evidentemente, el fenómeno excede por mucho los
aspectos represivos y se vincula con los temas de integración social expuestos en las
secciones precedentes (véase también el cuadro 3.15 acerca del enorme número de
jóvenes excluidos de los sistemas educativos). Desde esta perspectiva, mientras las
sociedades no logren incorporar a estos jóvenes para que opten por otros horizontes
de vida y puedan destinar cuantiosos recursos a esta tarea, no van a poder lograrse
cambios signifi cativos. Claramente el tema ya mencionado de los recursos fi scales
tiene un rol central en torno a este objetivo.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(cnudot) tiene los elementos que desde la parte de represión y sanción, así
como de la prevención social del delito e intercambio de información, deben dar los
Estados para generar un proceso de reversión de la situación actual. La Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (cicad) también ha acordado en mayo
de 2010 una estrategia hemisférica. 30 Se requiere la investigación y procesamiento de
delitos vinculados al narcotráfi co y la delincuencia organizada, con policías, fi scales y
jueces profesionalizados, con garantías de que no están vinculados a la delincuencia.
La misma Convención prevé el combate a la corrupción, a la obstrucción de la justicia
y al lavado de activos en todas sus formas, así como el desmantelamiento de las empre-
29 Véase onudc, 2007.
30 Sobre la estrategia acordada por los países miembros de la cicad, véase .