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TRES POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS 173
cia de combinar las reformas sociales con medidas orientadas a democratizar el debate
económico en las líneas que se han señalado en el capítulo 4.
El Estado y los mecanismos de integración social
Los principios de ciudadanía social implican que la sociedad debe proporcionar a
todos sus miembros estándares mínimos de bienestar (véase recuadro 5.3). El principio
de universalidad debe fi gurar, por lo tanto, en el centro del diseño de la política
social, de modo tal de contribuir a la integración o cohesión social. Este último concepto,
que ha estado en el centro del debate latinoamericano en años recientes, refi ere a
hacer a todos los ciudadanos partícipes de un nivel mínimo de bienestar consistente
con el desarrollo alcanzado por su país, así como del patrimonio simbólico de la sociedad
y de la capacidad de desarrollar normas y lazos sociales que permitan reforzar la
acción colectiva. La construcción de ese patrimonio simbólico se ve, en cualquier caso,
reforzada por la construcción de niveles básicos de bienestar para todos, por lo cual
ambas dimensiones deben verse como complementarias.
Este concepto choca profundamente con la realidad en sociedades que, como las
latinoamericanas, son profundamente desiguales y, a través de diversos mecanismos
de segmentación, reproducen viejas formas de exclusión al tiempo que generan
otras más nuevas. Las sucesivas encuestas del Latinobarómetro han confi rmado un
hecho muy incómodo para las sociedades latinoamericanas: los altos niveles de desconfi
anza interpersonal que las caracteriza. Una reciente investigación de cieplan
muestra que ese elemento, que es un síntoma inequívoco de falta de cohesión social, se
ve contrarrestado por dos factores: la fuerte identidad familiar de los latinoamericanos
y su visión positiva sobre el futuro, en este caso quizá como manifestación de una
percepción típica del auge económico prolongado que vivieron muchas economías
latinoamericanas entre 2003 y 2008. 8
RECUADRO 5.3
Derechos y seguridad social
La seguridad social debe garantizar derechos
sociales de aquellos que no tienen
capacidades para proteger por sí mismos
sus derechos civiles y libertades. Los sistemas
existentes en Latinoamérica han sido
incapaces de implementar la solidaridad y
justicia social, así como la función de la distribución
del ingreso necesaria para la provisión
de servicios sociales a los excluidos
de los sistemas de seguro social, y cerrar la
brecha entre los grupos pobres y aquellos
que están sobre la línea de la pobreza.
Fuente: Andras Uthoff , Democracia, ciudadanía y seguridad social en América Latina. Documento elaborado
para el proyecto.
8 Véase Valenzuela, 2008.