Lectura y bibliotecas escolares - OEI

Políticas públicas de lectura y bibliotecas escolares
Una de las principales líneas de acción del Programa ILÍMITA fue convertir el fomento de la lectura
en un tema de política pública, entendiéndose como un proceso de construcción social que
enmarca el papel de las instituciones gubernamentales y las acciones de concertación requeridas
para la formulación de planes nacionales de lectura.
La primera acción emprendida por los dos organismos fue la formulación en el año 2004 de la
agenda de política pública de lectura, donde se definieron diez líneas de atención prioritaria, los
objetivos, las entidades responsables o coordinadoras en el ámbito institucional y territorial, y
los medios y mecanismos de financiación desde una perspectiva integral del Estado, el sector
privado y la sociedad civil, en concordancia con las directrices del plan de acción de Dakar y de
la Cumbre del Milenio.
Por su impacto e incidencia en las políticas sociales y económicas, se adoptaron entre las principales
líneas estratégicas:
• El reconocimiento de la educación pública como el espacio privilegiado para hacer efectivo el
derecho a la lectura y la escritura para todos.
• La creación y actualización de las bibliotecas escolares y otros espacios de lectura en las escuelas
públicas, para contribuir a la formación de alumnos y maestros como lectores y escritores.
• La creación y el mejoramiento de los programas de formación inicial y continua para docentes,
bibliotecarios y otros mediadores de lectura y escritura.
• La creación de programas de promoción de lectura y escritura dirigidos a la primera infancia y
a la familia.
• El desarrollo de estrategias para la preservación de la cultura y la tradición oral, su registro y la
producción de textos en las lenguas originarias de América.
El análisis de las políticas y planes de lectura implica, sin embargo, reconocer el carácter polisémico
del concepto de lectura y de otros asociados con dicha noción, como promoción, animación
y fomento de la lectura, por las implicaciones que en la práctica han tenido sus usos.
Los usos de esos conceptos sin mayores referentes conceptuales han traído como consecuencia
la poca claridad en las competencias sectoriales de educación y de cultura en el momento de
definir las responsabilidades o los compromisos sectoriales, y entre los responsables de planes
de lectura, así como en las acciones estratégicas sectoriales y programas, ocasionando superposición
de acciones en algunos casos y, como consecuencia, dificultades en la articulación
intersectorial.
La situación tiene entre los antecedentes la legislación nacional. En el caso de la legislación colombiana,
por ejemplo, la Ley 397 de 1997 o Ley de Cultura establece que la Biblioteca Nacional
es la responsable de dirigir la política nacional de lectura. Se infiere que la adopción de la política
obedeció al reconocimiento social que han tenido las bibliotecas por su misión en el desarrollo
de competencias para la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación permanente y el
autoaprendizaje. Por el contrario, al analizar la legislación de educación, muy pocas leyes hacen
referencia explícita a la lectura. De manera explícita se halla en las reformas educativas más recientes
de Argentina y España. Las demás leyes de educación asocian la lectura al lenguaje, al
desarrollo de competencias y al desarrollo del pensamiento crítico.
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