La Motivación de la Sentencia Civil - Tribunal Electoral del Poder ...

La obligación de motivación de la sentencia civil
particulares de sentencia (las cuales, por otra parte, en cualquier caso
entrarían en el ámbito del artículo 132, numeral 4 del código procesal
civil). 171 Consideraciones similares valen para el caso de las ordenanzas,
para las cuales la motivación (‘sucinta’) se encuentra contemplada en
términos generales por el artículo 134 del código procesal civil, y el principio
constitucional explica solamente la eficacia marginal que se ha indicado
a propósito de la sentencia.
En verdad, un problema de contraste entre norma constitucional y
norma ordinaria sólo se plantea a propósito del decreto, ya que el artículo
135 inciso cuatro del código procesal civil establece como regla la ausencia
de motivación, reenviando en vía de excepción a las normas específicas
que expresamente exigen la motivación del decreto. 172
El problema se discute en el ámbito de elaboración de la norma constitucional
173 y en los años sucesivos ha entrado en vigor de la constitución
y sobre el mismo se expresaron dos opiniones contrapuestas. Por un
lado, partiendo de la formulación general del artículo 111 primer numeral,
se concluía directamente en el sentido de que la misma también comprendía
los decretos, en tanto disposiciones en los que se manifiesta la
función jurisdiccional, y que debería considerarse en contraste con el
principio constitucional el artículo 135 del código procesal civil, en tanto
orientado a excluir la motivación del decreto. Por el contrario, haciendo
juego sobre la naturaleza administrativa, o, como sea, no decisoria, del
decreto, se excluía que el mismo reentrara en la categoría de los “dispositivos
jurisdiccionales”, por los que la norma constitucional prescribe la
obligatoriedad de motivación, y consecuentemente se afirmaba la plena
legitimidad del artículo 135 del código en cuestión. 174
En verdad, parece que no existen dudas relevantes sobre la validez de
las dos primeras opciones comparadas, si consideramos que la mayor
parte de las exigencias que se vinculan con la obligación general de motivación
(y que serán analizadas de una manera más analítica a continuación)
surgen, a propósito del decreto, de una manera sustancialmente
parecida a lo que sucede a propósito de la sentencia de la ordenanza. Esto
vale, por ejemplo, para la exigencia de control externo en función de la
fundamentación y de la legalidad de los actos con los que se ejerce el
poder jurisdiccional, o bien, desde el punto de vista del derecho de defensa
de las partes o de la posibilidad concreta de un adecuado control
jurisdiccional sucesivo sobre la disposición en cuestión.
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