La Motivación de la Sentencia Civil - Tribunal Electoral del Poder ...

Michele Taruffo
y argumentaciones expuestas por las partes, 185 una obligación en este sentido,
si la entendemos de manera absoluta, produciría en muchos casos
algunas consecuencias absurdas; sin embargo, dentro de los límites que
más adelante indicaremos, 186 es necesario que la motivación justifique la
decisión en virtud de las defensas alegadas por las partes, ya que sólo de
esta manera es posible verificar si, en el momento de la decisión, no tuvo
lugar una violación o un vaciamiento de la garantía de defensa.
Esto no excluye la posibilidad de que el juez realice elecciones autónomas,
siguiendo una estrategia diferente de la de las partes, ni implica
que éstas tengan el poder de limitar con sus respectivas defensas el
ámbito de decisión; sin embargo, así como la realización integral de la
garantía de defensa durante el proceso supondría un debate previo entre
las partes sobre todos los puntos que el juez considera relevantes para la
decisión, 187 parece igualmente necesario que sobre estos mismos puntos,
sobre todo cuando difieren de las posiciones expuestas por las partes, se
exponga una motivación expresa y específica. De hecho, es evidente que el
derecho de las partes a influir en la decisión quedaría garantizado de una
manera muy débil si no es posible establecer, mediante la motivación, si (y de
qué manera) dicha influencia se verificó, o por cuáles razones no se verificó.
c. Significado ideológico del principio: la exigencia
de controlabilidad difusa sobre la administración de justicia
El principio constitucional de obligatoriedad de la motivación, considerado
en sí mismo, no sólo es una “norma sobre normas”, como ya
hemos ilustrado en el inciso a), sino que también representa una “norma
para el juez”, en la medida en la que constituye un principio jurídicopolítico
fundamental para la administración de la justicia, en la estructura
del estado de derecho configurada por la Constitución.
Este principio, en su significado más profundo, expresa la exigencia
general y constante de controlabilidad sobre la manera en la que los órganos
estatales ejercen el poder que el ordenamiento les confiere y, desde
esta perspectiva, la obligatoriedad de la motivación de la sentencia es la
manifestación específica de un “principio de controlabilidad” más general,
que resulta esencial para la noción moderna del estado de derecho, y
que produce consecuencias análogas también en campos distintos al de
la jurisdicción. 188
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