02-Indice-de-desarrollo-local-para-la-gestion

VII. TRANSPARENCIA
positiva para frenar este mal. Nótese también la dificultad
sancionatoria (desde el punto de vista formal jurídico) de
ciertas prácticas que caen en la mera subjetividad, por lo
que se insiste en que la definición de corrupción política,
no implica necesariamente dinero en mano, sino en
muchos casos, toma forma de tráfico de influencias o
garantía de favores, y puede ser cometida por políticos,
antes, durante o después de dejar el cargo (Hodess, 2004:
11). De lo aseverado —y más allá de su consideración en
la estructura legal de cada sistema político en general—, al
menos, la Transparencia puede llegar a generar sanciones
públicas desde lo electoral, o bajo la forma de cierta presión
por parte de la opinión pública que derive en una
merma en la construcción del consenso para aquellos funcionarios
que acumulan poder a través de prácticas ilegales
en beneficio propio.
• Las entidades locales, inmersas en un fuerte proceso de
descentralización de sus actividades, son propensas a permitir
actos de corrupción si no se las controla adecuadamente.
Ello no implica revertir el proceso descentralizador,
sino todo lo contrario, pues no hace otra cosa que
legitimarlo y constituirse en una suerte de garante del
mismo, evitando el afianzamiento de ciertas políticas
—algunas de tipo predatorias, susceptibles de reproducirse
lejos del poder central—, generando así la sensación
de municipios “limpios”, lo que dota de capacidad de
atracción de inversiones, especialmente.
• El abordaje de esta temática implica no tener perspectivas
ingenuas de creer que una Política de Transparencia
es un fin en sí mismo, puesto que la corrupción difícilmente
pueda ser eliminada por completo, y no adscribir
a ello redundaría en políticas con impacto negativo en
libertades personales y derechos humanos fundamentales,
existiendo siempre el concepto vivo de “discrecionalidad
burocrática”, que nunca es del todo mala y que,
desde una perspectiva realista, es necesaria (además de
reconocer que también esa es la puerta hacia probables
acciones de corrupción).
En todo este desarrollo de caracteres se explicita, en más o
en menos, la noción de Transparencia como un modo de legitimar
(o no, según la postura de quien evalúa o discierne) la discrecionalidad
de quienes ejercen el poder en nombre de los ciudadanos,
lo que también denota una idea por la cual cierta parte de estas
Políticas de Transparencia se constituyen abiertamente en un com-
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