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VII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
de recursos, el papel reconocido a los factores políticos (y dentro
de ellos a la participación política), seguía siendo limitado sino nulo.
Después de todo, lo que se reconocía era la importancia de un
nuevo capital (el humano) cuya creación se concebía como independiente
de las características institucionales de los regímenes políticos.
De hecho, no había cambios sustanciales en la consideración
de los obstáculos que la democracia representativa, ni qué decir
formas más intensas de participación política, significaban para el
inicio y consolidación de una senda de desarrollo (Przeworski y
colaboradores, 2000: 142-144).
Sin embargo, luego de este primer reconocimiento del papel
jugado por factores no específicamente económicos, la interpretación
de la dinámica del desarrollo sufrió en la última década y media
un nuevo cambio. Así como antes se había observado que relativamente
elevadas tasas de inversión no garantizaban el desarrollo (ni
siquiera elevadas tasas de crecimiento económico), se hizo evidente
que tampoco lo garantizaba una rápida expansión y elevación de la
calidad de la educación, como se veía en numersos casos de América
Latina y el África Subsahariana (Clague, 1997: 13). La nueva
generación de teorías del desarrollo agregó a los factores económicos
y humanos un tercer factor: el contexto institucional —que da
forma a la estructura de incentivos— en el que se mueven y definen
sus acciones los diferentes actores económicos, sociales y políticos
(Clague, 1997: 13-14).
Desde este punto de vista, los contextos institucionales
(tanto formales como informales) inciden sobre los niveles de desarrollo
(concebido en sus aspectos tanto específicamente económicos
como humanos) a través de dos dinámicas (no siempre consideradas
como complementarias desde el punto de vista teórico): la
que se genera y opera dentro de la sociedad civil y que condiciona
las acciones “privadas” (no políticas) que pueden ser más o menos
consistentes con el bienestar general, por un lado, y la que se
genera y opera en el ámbito de lo público y que condiciona las
acciones “públicas” (políticas) de los funcionarios.
Las perspectivas que enfatizan el primer aspecto se ubican
dentro de la corriente que, remarcando las incapacidades estructurales
del Estado, rescatan a la sociedad civil (privada) como el
ámbito en el que pueden generarse las condiciones para el desarrollo
pleno y equitativo de las potencialidades sociales.
Las perspectivas que enfatizan el segundo aspecto destacan la
importancia de las acciones estatales en la promoción del desarrollo y
se preocupan por remarcar la importancia de la capacidad del Estado
en este sentido, y la responsabilidad que los funcionarios tienen en
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