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mal en el futuro las malas decisiones que tomaron en el presente.
Sin embargo, las condiciones que el mecanismo exige en términos
de la información que el ciudadano debe disponer para castigar o
premiar electoralmente de un modo adecuado son tan altas, que
de ningún modo puede suponerse su vigencia si se trata de votanes
que sólo se conectan con la vida política en el momento (o
muy poco tiempo antes) de la votación (Manin, 1998; Przeworski,
1998). El votante se encuentra con respecto a su representante
en una situación de principal frente a su agente (Stiglitz, 2002;
Przeworski, 1998). Este tipo de relaciones, omnipresente en una
sociedad relativamente compleja donde la división del trabajo está
muy extendida, se caracteriza por el hecho de que quien encarga
una tarea a cambio de remuneración se encuentra frente a una
asimetría de información que le impide saber, de no mediar una
transferencia voluntaria de información por parte del agente, si la
tarea ha sido realizada o no, y si lo fue, con qué nivel de eficacia
y eficiencia, para que el principal esté en condiciones de sancionar
al agente en caso de incumplimiento. Buena parte de los diseños
institucionales en el área de las organizaciones y las empresas se
orientan a este problema. En el ámbito político, sólo recientemente
se comenzó a insistir en el papel fundamental que la información
y la transparencia tienen en términos de la calidad de las
democracias.
Las previsiones institucionales orientadas a garantizar el fácil
acceso de los ciudadanos a la información sobre qué hacen los funcionarios
y cómo lo hacen, están entre las recomendaciones más
fuertes de quienes se ocupan de la calidad de las democracias y de
sus resultados en términos de desarrollo (Manin, Przeworski y
Stokes, 1999). Sin embargo, el involucramiento de los ciudadanos en
la toma de decisiones y la implementación de las políticas simplifica
enormemente tales diseños institucionales al tiempo que los hace
más eficaces, ya que reduce sustancialmente la cantidad y la calidad
de la información que se desconoce en relación a las tareas de
gobierno. Por cierto, los ciudadanos no pueden involucrarse completamente,
ni mucho menos, en la totalidad de las áreas de políticas
públicas en todos los niveles de gobierno, tanto por una cuestión
de disposición como por la complejidad técnica involucrada en
muchos problemas públicos 108 . Sin embargo, cuanta mayor sea la
participación política de la ciudadanía, menos graves serán los pro-
VII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
108 La complejidad técnica, sin embargo, no es un problema tan serio como
podría suponerse. Como hacen notar desde el análisis de políticas autores como G.
Majone (1997) y D. Torgerson (1996), entre otros, las características técnicas no
son, y no deben ser, un impedimento para que los ciudadanos se involucren en la
definición e implementación de políticas públicas.
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