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VII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
de la filosofía moral y la ética política, se considera que esta nueva
forma de mirar las relaciones políticas es un bien en sí mismo. Un
ciudadano comprometido con el destino de la comunidad política a
la que pertenece es considerado un mejor ciudadano, desde el
punto de vista ético, que aquél concentrado sólo en su propia
suerte.
Sin embargo, esta justificación ética tiene también su contraparte
instrumental. El ciudadano responsable, que se interesa y participa
en los asuntos públicos es indispensable para alcanzar y sostener
condiciones de justicia y de desarrollo. Esto es claro si, al
mismo tiempo que consideramos la importante incidencia que las
políticas públicas tienen sobre el desarrollo, tenemos en cuenta “las
múltiples maneras en que las políticas públicas dependen de decisiones
responsables a nivel de los estilos de vida personal” (Kymlicka
y Norman, 1997: 15). Las políticas no se sostienen si los ciudadanos
no se sienten comprometidos con ellas, y este compromiso implica,
entre otras cosas, participar mínimamente en su adopción e implementación.
Participación política y nuevos paradigmas de desarrollo
Cuando el desarrollo comenzó a ser una preocupación política
y académica, e incluso apareció como una subdisciplina bien
definida luego de la Segunda Guerra Mundial, se lo concebía básicamente
como una cuestión unidimensional. Se trataba de desarrollo
en términos económicos. Se suponía que, asegurado el crecimiento
económico, los demás componentes que se consideran propios de
una sociedad desarrollada (educación, salud y aún equidad) se alcanzarían
como un subproducto casi natural. El crecimiento económico
no era sólo la condición necesaria de un desarrollo entendido en un
sentido más amplio; era también su causa “casi” suficiente. Y el crecimiento
económico, a su vez, se consideraba el resultado de la
inversión en capital físico. Esto es, el desarrollo se concebía como
un problema de asignación eficiente de recursos económicos. Lo
necesario para lanzar a un país en la senda del desarrollo autosostenido
era “elevar su tasa de inversión del 5 por ciento al 12 por
ciento” (Cleague, 1997: 13).
Estrechamente ligada a esta visión del desarrollo, se encontraba
la idea de que el estímulo político necesario para alcanzar las
tasas de inversión requeridas debía venir de un Estado fuerte y centralizado,
capaz de movilizar y asignar los recursos del modo más
adecuado y en el menor tiempo posible. Desde este punto de vista,
el sistema democrático (entendido en el sentido más lábil, como la
elección periódica de autoridades a través de elecciones limpias y la
garantía de los derechos civiles y políticos más básicos) era perci-
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