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que le corresponden por pertenecer a sistemas de seguros que se
encargan de financiar la atención.
El subsector público, con recursos provenientes del sistema
impositivo, provee atención gratuita a toda la población a través de
la red de efectores públicos. Su distribución geográfica es amplia,
incluyendo zonas consideradas no rentables por el sector privado; y
la población que aparece tradicionalmente como demandante de
atención de este subsector es la que carece de cobertura de alguno
de los otros dos subsectores (Acuña y Chudnovsky, 2002). En términos
del IDLG, se presume que aquellas personas que además de
la posibilidad “universal” de concurrir a demandar atención de salud
al subsector público 48 , disponen de cobertura de salud (obra social
o plan de salud privado), tienen una gama más amplia de posibilidades,
de alternativas para atender su salud, en otros términos un
acceso más amplio a recursos de salud.
Fuente
Censo Nac. de Población y Vivienda 2001 – INDEC.
III.2
III. CAPITAL HUMANO
2.3. Personal de salud por habitante
Es la suma ponderada del personal de salud público en la
localidad, donde el personal de salud incluye médicos y asistentes
profesionales y no profesionales de salud.
Antecedentes y justificación
El análisis a través de este indicador no mide la verdadera
utilización de los servicios, sino más bien la “capacidad” de la
estructura de salud de brindarlos a la población en función de la
disponibilidad de una determinada oferta de personal de salud. Si
bien este indicador se encuentra entre los usualmente utilizados
como indicadores en el área de salud, es particularmente pertinente
en el marco del IDLG puesto que, en parte, constituye
—como se dijo— un indicador de “esfuerzo” municipal/comunal,
a partir de la asunción por parte de las jurisdicciones locales de
las responsabilidades en la atención primaria de la salud —y eventualmente
de mayor complejidad—, en el marco de la descentralización
provincial de salud.
48 La Ley Provincial 8835/00 que instituye la Carta del Ciudadano, en su artículo
6 dice: “Todas las personas en la provincia tienen derecho a: (a) Recibir atención
médica adecuada en los hospitales públicos cuando carecieran de seguro u obra
social y se encuentren desempleados. Si en el momento de requerir el servicio no
existiera capacidad asistencial, el hospital deberá derivarlo a otro centro médico privado
a costa del Estado provincial. (b) Recibir atención de emergencia cuando lo
requiera y necesite”.
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