Residencias y servicios socialesTerapia ocupacional en un centro de mayores.Un grupo de ciegos con sus perros guía.cuantía de las prestaciones varía si se tratade una persona sola (le correspondenunos 375 euros), una familia de dos personas(488 euros) o una familia de tres omás personas (532 euros) y no tiene límitede tiempo. La Comunidad de Madriddestinó en 2013 más de 80 millones deeuros a financiar esta prestación.Pero el sector de los servicios socialesse enfrenta actualmente a una incertidumbre.La presentación del anteproyectode ley de racionalización y sostenibilidadde la administración local, que pretendeevitar duplicidades basándose enel principio de “una administración, unacompetencia”, en la práctica supondráque las administraciones locales pierdantoda competencia en sanidad, educacióno servicios sociales, que gestionarándirectamente las comunidades autónomas.Los partidos de oposición hablande un “brutal ataque al municipalismo”,el Consejo General del Trabajo Socialcalcula que el 40 por ciento del personalserá despedido, lo que supondrá“una tragedia para todo el sector”, y alGobierno regional tampoco le satisfaceel proyecto si no viene acompañado derecursos económicos. La Secretaría deEstado de Servicios Sociales e Igualdadtiene presupuestados este año 1.527,6millones de euros para el mantenimientode sus servicios sociales en toda España.Pero el sector social no vive solo delámbito público. Son muchas las entidadesprivadas que ofrecen servicios socialesde toda índole. El Grupo Fundosa dela ONCE, Ginso, Clece… son algunasde las que tienen mayor presencia enMadrid. Solamente Clece, que nacióen 1992 como un proyecto empresarialdentro del Grupo ACS, atiende a “másde 18.000 familias”, según indica unportavoz. “En Clece hemos impulsadoen los últimos tiempos una labor queemana de nuestra vocación por contribuira una sociedad más equilibrada: lainserción laboral de colectivos desfavorecidos”,agrega.Las Organizaciones No Gubernamentales(ONG) son la cuarta pata delsistema. En Madrid trabajan cientos deellas, siendo algunas de las más prestigiosasCruz Roja, Cáritas, Mensajeros de laPaz o Médicos del Mundo, sin olvidar lasfundaciones de la mayoría de entidadesbancarias. Por ejemplo, la Obra Social ‘laCaixa’ “destinó en 2013 ayudas por valorde 2,5 millones de euros a 116 proyectossociales en la provincia de Madrid, de losque se beneficiaron más de 38.000 personas,especialmente las más vulnerables oen riesgo de exclusión”, matizan fuentesde la entidad.Atención de la dependenciaEs incuestionable que los serviciossociales son una amalgama que se havisto duramente golpeada por la recesióneconómica que vive España desde2007, pero se ha intentado preservarla atención a las personas en situaciónde dependencia, que es la partidamás importante. Según los datos delSistema para la Autonomía y Atencióna la Dependencia (SAAD) recopiladospor el Ministerio de Sanidad, ServiciosSociales e Igualdad, “a cierre de 2013 enla Comunidad de Madrid había 175.555solicitudes registradas y se habían emitido172.599 dictámenes”, lo que suponeque había solo 2.956 personas en listade espera. Del total de resoluciones,137
Residencias y servicios socialesse había reconocido a 99.553 personascomo beneficiarias con derecho a prestación,de las que 89.098 ya recibenalguna, lo que sitúa la Comunidad deMadrid como la tercera en número dedependientes con prestación, por detrásde Andalucía y Cataluña. La prestaciónmás concedida en Madrid es la económica,con 29.719 beneficiarios, seguidade la ayuda a domicilio, con un total de21.356, y la teleasistencia, con 14.956.Otra cuestión es qué hacen estosbeneficiarios con la ayuda económica quereciben. De cada cien dependientes, 78son atendidos por cuidadores profesionalesy 22 por familiares. La AsociaciónMadrileña de Atención a la Dependencia(AMADE) tiene 162 empresas asociadas.que cuentan con 8.900 empleados y 218centros de trabajo, entre residencias,centros de día, teleasistencia y serviciosde ayuda domiciliaria. Su presidente,Javier Gómez, cree que “estamos enun momento en el que las plazas enlas residencias se han homogeneizado”.Esto quiere decir que mientras antes dela crisis cada administración tasaba unprecio para el mantenimiento de los servicios,ahora se ha fijado en 1.525 eurosmensuales antes de impuestos. “El sectorpúblico ha marcado un precio, una referencia,y el mercado ha ido orientándoseen torno a ese precio que es, en general,más bajo que el que había antes de larecesión”, explica.La Comunidad de Madridcuenta con más de 500centros de serviciossociales de toda índoleA pesar de ello, la red de plazas enresidencias públicas para dependientesse ha mantenido. No ha sucedido lomismo, sin embargo, con el sector privado.“Hemos tenido un par de años muymalos en los que había gente que sacabaa sus mayores de la residencia porque nola podía pagar. Se ha notado mucho”,confirma Gómez. En cualquier caso, elpresidente de AMADE se muestra optimistade cara al futuro: “Yo creo que lopeor ya lo hemos pasado”.Dentro de la dependencia, existeun área específica que exige un tratamientodiferenciado: la discapacidad, yaUn grupo de jóvenes en un centro de menores infractores.sea física o psíquica. En la Comunidadde Madrid hay más de 200.000 personascon discapacidad, según revela laFederación de Asociaciones de Personascon Discapacidad Física y Orgánica dela Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe, entidad que lleva más de 25años trabajando “por la normalizacióndel colectivo”. Su presidente, Javier Font,cree que en la región se han alcanzadoimportantes avances en materia de eliminaciónde barreras arquitectónicas o en lamejora de la accesibilidad del transportepúblico, aunque aún queda mucho paraque Madrid sea una comunidad verdaderamenteaccesible. “Con la crisis se haproducido cero crecimiento en la aplicaciónde nuevas medidas de accesibilidad;se está dejando sin destinar incluso elpresupuesto fijado por ley”, critica el presidentede FAMMA.Protección de menoresOtra de las áreas en las que los serviciossociales juegan un papel importante esla relativa a la protección de menores.El Instituto Madrileño de la Familia yel Menor (IMMF), dependiente de laConsejería de Asuntos Sociales, es elorganismo encargado de “promover eldesarrollo de las políticas de igualdady bienestar dirigidas a los menores ysus familias”. Además, se encarga detutelar a más de 4.600 niños que sonhuérfanos o cuyas familias no puedenhacerse cargo de ellos, por diferentescircunstancias. La gran mayoría de ellosestán incluidos en diversos programasde acogimiento familiar, mientras queel resto —1.500, aproximadamente—residen en alguna de las 84 residenciaspúblicas, de gestión directa o privatizada,de la red regional.Por otro lado, el Gobierno regionaltambién debe, a través de la Consejeríade Presidencia y Justicia, velar por elcumplimiento de las medidas judicialesque los jueces imponen a menoresque han delinquido. En este sentido,la Agencia para la Reinsercióny Reeducación del Menor Infractor(ARRMI) cuenta con nueve centros deejecución de medidas judiciales cuyagestión está, en todos ellos, externalizada.La principal entidad administradoraes la Asociación GINSO, pues dirigeel mayor de todos los centros en elpequeño municipio de Brea de Tajo.Su presidente, Alfredo Santos, dice queen diez años de experiencia en el sectorha aprendido a “focalizar dónde estánlos problemas”, habiéndose encontrado“que los delitos más comunes que estánentrando en todos los centros son losrelacionados con el maltrato ascendente,de hijos a padres”. Por ello, la organizaciónque dirige decidió poner enmarcha el proyecto Recurra, un recursoespecializado en el tratamiento y ayudaa los jóvenes en conflicto con su familia.Otras áreas de las que se encargan losservicios sociales son la promoción socialy fomento del voluntariado; la consecuciónde la igualdad real y efectiva entrehombres y mujeres, la inmigración y lacooperación al desarrollo, sector que, sinduda, es el que peor parado ha resultadofrente a los embates de la crisis.138
Change language