De la Economía Ambiental a la Economía Ecológica - Fuhem

De la Economía Ambiental a la Economía Ecológicaactos ejecutados en virtud de poderes conferidos por personas en las que el Parlamento hadelegado autoridad para conferirlos —como, por ejemplo, las órdenes provisionales de laCámara de Comercio— se estiman realizados bajo el amparo de la autoridad reglamentaria.En ausencia de negligencia, parece que el órgano que ejercita poderes reglamentarios nopuede ser demandado simplemente porque, de haber actuado de un modo diferente, podríahaber minimizado los perjuicios causados.»En esta obra se recogen casos de irresponsabilidad por actos autorizados:«Se ha decretado la imposibilidad de exigir una indemnización por daños poracciones dimanantes de un órgano que ejerce sus poderes reglamentarios sin negligencia enlo referente a la inundación de terrenos a causa de las salidas de agua procedente de ríos,cañerías, acequias o canales; los escapes de vapores y emanaciones de alcantarillas; elderrumbamiento de una carretera sobre una acequia; la vibración o el ruido causados por unferrocarril; los fuegos causados por actos autorizados, la contaminación de una corriente deagua cuando se satisfacen los requisitos de usar el método más conocido de purificar antesde descargar residuos, las interferencias de un tranvía eléctrico en el teléfono o telégrafo, lainserción de postes tranviarios en el subsuelo, las molestias causadas por cosasrazonablemente necesarias para la excavación de obras autorizadas, el daño accidentalcausado por una verja en una carretera, el escape de ácidos del alquitrán o el acceso a lafachada obstaculizado por un abrigo protector en plena calle, o los rieles de seguridadinstalados al borde del acerado». 28La posición legal estadounidense parece esencialmente igual a la inglesa, salvo queestá algo más limitada, por exigir restricciones constitucionales, el poder de las legislaturasde autorizar lo que en otro caso constituiría molestias con arreglo al Derecho ordinario, almenos sin indemnizar a los perjudicados. 29 Con todo, el poder existe y pueden encontrarsecasos más o menos idénticos a los ingleses. La cuestión se ha planteado de forma aguda enconexión con los aeropuertos y la circulación de aviones. El proceso de Delta AirCorporation contra Kersey, Kersey contra la ciudad de Atlanta 30 es un buen ejemplo. Elseñor Kersey compró tierras y construyó en ellas una casa. Años después la ciudad deAtlanta construyó un aeropuerto en tierras inmediatamente adyacentes a las del interesado.Según éste, «su propiedad era un lugar pacífico y apropiado para vivir antes de construirse elaeropuerto, pero el polvo, los ruidos y el vuelo a baja altura de los aeroplanos causados porla operación del aeropuerto habían hecho que su propiedad no sirviese para vivir en ella»,situación que en el proceso se describe con rasgos minuciosos de inquietud. El juez aludióprimero al precedente de un proceso anterior, Thrasher contra la ciudad de Atlanta, 31 en elque señalaba que la ciudad de Atlanta había sido autorizada expresamente a operar unaeropuerto:«Mediante esta franquicia se reconocía que la aviación constituye un actividadlegítima y una actividad afectada por un interés público…; todas las personas que usan (elaeropuerto) del modo que se contempla en la ley caen dentro de la protección e inmunidadde la franquicia otorgada por el municipio. Un aeropuerto no es en sí una sola molestia,aunque puede llegar a serlo por el modo de su construcción u operación.»28 Véase 30 Halsbury, «Law of England», 690-91 (3.ª ed., 1960), artículo sobre autoridades públicas yfuncionarios públicos.29 Veáse Prosser, op. cit., supra núm. 16 en página 421; Harper and James, op. cit., supra número 16, pp.86-87.30 Supreme Court of Georgia, 193 Ga. 20 S. E. 2.ª 245 (1942).31 178 Ga. 183 S. E. 817 (1934).61