revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

JORGE LUIS BASTONS
3. 1. La naturaleza jurídica de la relación de empleo público
Respecto de esta cuestión aún subsiste un serio enfrentamiento jurisprudencial
y doctrinario entre los sostenedores de posiciones estatutarias y
contractualistas, que en lo sustancial, se diferencian por el reconocimiento
o no de la voluntad del agente en la relación de empleo público 8 .
Si bien entiendo que todo agente público al trabajar para la Administración
estará prestando su consentimiento (hallándose por tanto en el terreno
contractual), no es menos cierto que la cuestión de fondo no fue, ni es, ni
será la referida a la esencia jurídica del instituto, sino la de la plena vigencia
de los Derechos Humanos que trasunta toda relación de empleo público.
Ello ya que, tanto el enfoque estatutario como el contractual (si bien
desde luego no son neutros de valoración, así como tampoco dejan de ser
pasibles de una natural carga ideológica dados sus distintos orígenes históricos),
en tanto se den en un Estado de Derecho no dejarán de respetar
aquel estándar de juridicidad, mientras que en los Estados en vías de ser de
Derecho, esos estándares mínimos, serán de seguro, vulnerados bajo fórmulas
que, expresadas más o menos elegantemente, aludirán en el primer caso a
las prerrogativas de poder público de la Administración o a una relación de
sujeción especial voluntaria, mientras que en el segundo caso, se estirarán
los márgenes del ius variandi contractual para, de considerarse necesario,
hacer lo propio.
A tenor de lo expuesto se cae de maduro que lo que en verdad necesitamos
es contar con un substrato sociocultural sobre el cual asentar el respeto
de los derechos más elementales y básicos de los agentes públicos, que vaya
decididamente más allá de la forma jurídica que revista la relación de empleo
que los vincula con la Administración. Respeto que, por otra parte, no sería
para el Estado más que una muestra indirecta de autoestima institucional,
ya que, como es sabido, son sus propios agentes y funcionarios quienes
con independencia de su cargo o jerarquía, son los encargados de hacerlo
funcionar al operar a modo de órganos del mismo.
Al momento en que escribo este artículo se encuentra sujeto a votación
de los Ministros de la SCBA un pedido de inconstitucionalidad de la Ley
11.757 (de empleo público municipal) incoado por la Municipalidad de San
Isidro, que bien podría dar lugar al apartamiento de su clásica postura esta-
8 Como nota de color destaco que ya antes de mi nacimiento se decía que: “La relación entre el
agente y el Estado no es un contrato de derecho privado, ni tampoco resulta de un acto bilateral de
la Administración, es un contrato administrativo. La jurisprudencia acepta claramente la primera
aseveración, pero oscila entre la segunda y la tercera, para caracterizar a la relación de empleo
público”. GORDILLO, agustín, Derecho Administrativo de la Economía, Parte General, p.128,
Ediciones Macchi, 1967. buenos aires.
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