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abORTO SENTIMENTaL. EL RECIENTE FaLLO DE La CORTE...
La tesis del recurrente encuentra cabida en el deber que emana del art.
6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es necesario tener
en cuenta la manifestación del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en cuanto debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que
son la consecuencia de una violación y al referirse a la situación particular de
nuestro país, ha expresado su preocupación por la interpretación restrictiva
del art. 86 del Código Penal.
Con referencia a las disposiciones pertinentes de la Convención sobre
los Derechos del Niño, sostiene la Corte que tampoco es posible afirmar que
la interpretación del art. 86 inc. 2º del Código Penal adoptada por el a-quo
colisione con éstas.
agrega, recordando que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado
que los Estados Partes -que no admiten el aborto de embarazos consecuencia
de una violación- deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto;
y para nuestro país, que sí lo prevé, ha manifestado su preocupación
por la interpretación restrictiva del mentado artículo.
Reducir, por vía de interpretación, la autorización de la interrupción de
los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación
cometida contra una incapaz mental, implicaría establecer una distinción
irrazonable de trato, respecto de toda otra víctima de análogo delito que se
encuentre en igual situación y que, por no responder a ningún criterio válido
de diferenciación, no puede ser admitido.
Los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar
la interpretación amplia de este supuesto normativo, que establece la no
punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que sea la consecuencia
de una violación.
Concluye, luego de esbozar algunos argumentos, que el art. 86 inc.2º
del Código Penal abarca también al aborto sentimental.
5.- También es de esencial importancia lo sostenido por el más alto
Tribunal de la Nación en cuanto considera ineludible destacar que, a pesar
de haber transcurrido 90 años desde la sanción del Código, se sigue manteniendo
una práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la
salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales, tanto
nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos,
exigiendo, allí donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud
de una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de
una violación que termina adquiriendo características intolerables a la luz
de garantías y principios constitucionales que son ley suprema de la Nación.
Por tal circunstancia, el Tribunal Supremo se ve forzado a recordar
tanto a los profesionales de la salud, como a los distintos operadores de los
diferentes poderes judiciales, nacionales y provinciales que, por imperio
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