revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

La aCCIÓN REVOCaTORIa O PaULIaNa
compelerlo a trabajar a favor o beneficio del acreedor, reducirlo a esclavitud,
y aún venderlo al otro lado del río Tíber, e incluso matarlo. Sin embargo,
con posterioridad y básicamente a partir de la Ley Poetelia Papiria, las
mencionadas circunstancias se fueron morigerando. Mediante dicha ley, y
otras normas dictadas en el mismo sentido (Ley Vallia, Ley Julia), se fue
atenuando paulatinamente en el Derecho Romano la rigurosidad del vínculo
obligacional, mejorándose, por lo tanto, drásticamente la situación del deudor.
Dicha evolución hacia una mayor conciencia y respeto acerca de la
persona del deudor, fue posteriormente receptada por las diversas codificaciones
modernas. No obstante lo hasta aquí expuesto, es preciso señalar
que en el caso de nuestro Derecho nacional, la prisión por deudas recién fue
abolida en el año 1872 mediante la Ley 514, con lo cual puede afirmarse
que, desde ese momento, en nuestro país el deudor pasó a responder por sus
obligaciones solamente con su patrimonio.
Asimismo, por razones de índole humanitarias, actualmente y en
función de diversas normas dictadas al respecto, se pretende brindar una
protección aún mayor a los deudores. En efecto, legalmente se ha establecido
la inembargabilidad de ciertos bienes que constituyen el patrimonio de las
personas, excluyéndolos, por lo tanto, de la garantía común de los acreedores.
Específicamente y, a título de ejemplo, se pueden citar los siguientes
casos de inembargabilidad: la suma destinada al pago de alimentos (art.
374 Cód. Civil); el inmueble constituido como bien de familia (art. 38 Ley
14.394); las jubilaciones y pensiones, salvo por deudas alimentarias (Ley
24.241); el salario mínimo y vital, salvo por deudas alimentarias (art. 120
Ley 20.744); las remuneraciones superiores al salario mínimo y vital en la
proporción establecida en la reglamentación (Decreto 484/87); los sueldos
de los empleados públicos en cuanto a obligaciones emergentes de préstamos
en dinero o compraventa de mercaderías (Decreto-Ley 6754/43); el
lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, las ropas y muebles de su
indispensable uso, los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio
que ejerza (art. 219 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
buenos aires y de la Nación).
Ahora bien, en concordancia con lo que hasta aquí se ha venido expresando,
se establecen en el Código Civil determinadas facultades a favor
de los acreedores, a fin de que mediante las mismas puedan salvaguardar
su garantía común y no se ponga en peligro el cobro de sus acreencias. Es
que, si bien el deudor por el solo hecho de serlo no se encuentra impedido de
celebrar actos jurídicos relacionados con su patrimonio, si de las circunstancias
del caso surge que dichos actos pueden afectar la mencionada garantía
patrimonial, el Derecho les concede a los acreedores ciertas acciones para
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