revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

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mente, cuáles actos del deudor son pasibles de ser atacados mediante la
aludida acción revocatoria. En efecto, como se dijo, se limita la procedencia
de la acción pauliana sólo contra los actos que hayan generado o agravado la
insolvencia del deudor, dejando, por lo tanto, inalterables a todas las demás
enajenaciones que pudiera haber efectuado el mismo. Ergo, y efectuando una
estricta aplicación del presente requisito, si los actos del deudor no generan ni
agravan su insolvencia, no podrán, de ningún modo, ser atacados válidamente
mediante la presente acción. y ello es así, aún cuando el citado deudor por
posteriores enajenaciones cayera en estado de insolvencia.
c) Que el crédito del acreedor sea de una fecha anterior al acto de
enajenación del deudor: El tercer requisito general para la procedencia de
la acción enunciado en el inciso 3 del art. 962 del Código Civil, es como ya
se lo dijera, que el crédito del acreedor que intenta la acción revocatoria sea
de una fecha anterior al acto del deudor que se pretende atacar.
En este sentido, si la enajenación del deudor hubiera sido anterior al
nacimiento del crédito, en ese caso el acreedor no se vería agraviado y por
lo tanto no existiría perjuicio alguno. En efecto, si al momento en que se
originó el crédito, el bien había sido previamente enajenado, ya no formaba
parte del patrimonio del deudor, y por ende, no constituía la garantía común
de los créditos que se originasen con posterioridad a dicho acto.
Teniendo en cuenta el citado extremo legal, se debe ser minucioso en
cuanto al análisis jurídico relativo a la fecha de nacimiento del crédito del
acreedor demandante. Por ejemplo, en el caso de una sentencia condenatoria
en un proceso de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual,
no debería interpretarse que el respectivo crédito se origina en el momento
del dictado de la sentencia, sino que, en su caso, debe entenderse que el
mencionado crédito ya existía con anterioridad, es decir, desde el instante
mismo de cometerse el acto ilícito. Por lo tanto, si desde el acaecimiento
del hecho dañoso hasta el dictado de la correspondiente sentencia, el responsable
enajena sus bienes generando o agravando su insolvencia, dichos
actos serían pasibles de ser atacados mediante la estudiada acción. A su vez,
lo mismo sucedería en el caso que con posterioridad al acto de enajenación
generador o agravante de su insolvencia, el deudor reconozca una obligación
anterior. En dicha situación, a fin de determinar la procedencia de la acción
revocatoria, debe tenerse en cuenta la fecha del crédito reconocido, y ello
atento al carácter declarativo que en nuestro ordenamiento jurídico se le
asigna al reconocimiento.
Ahora bien, en cuanto a este tercer requisito general de la acción revocatoria,
es preciso destacar que se establece expresamente una excepción
al mismo en el art. 963 del Código Civil. En efecto, se dispone en la citada
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