revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

JORGE LUIS BASTONS
asimismo, la ley 13.453 invita a los municipios bonaerenses a adherir
al régimen previsto por la misma.
Por último, va de suyo que la adopción de una legislación específica
sobre convenciones colectivas en el ámbito de la Administración Pública
bonaerense constituye un salto cualitativo de vital importancia, puesto
que en los hechos significa, ni más ni menos, que el Estado deje de fijar
unilateralmente las condiciones laborales de sus agentes para pasar a un
régimen paritario que, si se lo utiliza con inteligencia y altruismo, servirá
para democratizar la relación de empleo público.
3. 4. Modos normales y anormales de la culminación de la relación
de empleo público
Por modos normales de culminación de la relación de empleo público
se entienden aquellos supuestos considerados “más comunes o habituales”
(así, entre comillas), como si las alteraciones al orden normativo que lo rige
no fueran algo habitual…
Pero, de todos modos, si las cosas fueran como las leyes dicen que
son, el empleo público sería un trabajo con alta seguridad jurídica y previsibilidad
para sus agentes. Entonces, en el marco de dicha idealidad, serían,
ciertamente, modos normales de culminación: la renuncia; la jubilación
(por cumplimiento de los años de servicio requeridos al efecto, o bien, por
enfermedad) y el fallecimiento.
En cambio, por modos anormales se entienden todos aquellos no englobados
en la categoría anterior, destacándose particularmente la exoneración
por sumario administrativo y la cesantía del agente vía reforma orgánica
funcional (disponibilidad absoluta), entre otros.
En cuanto a la cuestión disciplinaria en el empleo público provincial
y municipal bonaerense me limito aquí a destacar la obvia, aunque no
siempre presente, necesidad de enfocar la temática desde la perspectiva
constitucional, la cual nos impone analizar y resolver dicha problemática
desde la equilibrada óptica del principio de razonabilidad y justicia. y, por
ende, proteger y, llegado el caso, sancionar a aquellos agentes públicos que
atenten de uno u otro modo contra el patrimonio, la calidad y cantidad de los
servicios; contra la imagen, la legalidad y buena fe del Poder Administrador.
Por lo tanto, el principio de razonabilidad y justicia nos ordena garantizar
un procedimiento administrativo especial ajustado a los altos estándares
indicados por nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de DDHH
incorporados por ella, sin perder por el camino la posibilidad de satisfacer
(también razonablemente) la búsqueda de la verdad material que, atento
113