revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

MIGUEL á. bENEDETTI - M. JIMENa SáENz - ESTEbaN R. STaFFORTE
fuero contenciosoadministrativo que recortamos a manera de muestra
testigo por asumir los estándares internacionales, especialmente del Com.
DESC 42 . Asimismo, se computa alguna intervención de la Suprema Corte
bonaerense y otras referencias a título complementario. Dicho corpus de
casos aquí seleccionados, para poder presentar un mapeo inicial que ayude a
pensar los límites y alcances actuales de la judicialización local del DVa, se
organiza de acuerdo a dos grandes criterios ordenadores (uno, sustantivo; el
otro, adjetivo). El primero de ellos sigue la caracterización del multifacético
derecho a la vivienda que efectuamos antes. Por ende, se subdivide en dos
grupos de acuerdo a que litiguen la “faceta defensiva” del derecho que se
pone en funcionamiento ante desalojos ya iniciados o próximos a iniciarse;
o la “faceta productiva” que implica la discusión de los lineamientos de las
políticas públicas de vivienda para adecuarlas a la Constitución Nacional y al
DIDH, la petición de prestaciones positivas o la efectivización o corrección
de falencias de algún plan habitacional. Un segundo criterio ordenador del
acotado universo de los casos observados, es transversal al primer criterio
y distingue los casos según el tipo de demandante y naturaleza de las pretensiones,
en acciones individuales o en aquellas colectivas (iniciadas por
grupos de personas o por organizaciones o representantes de la sociedad civil
en procura de satisfacer los derechos de grupo o de incidencia colectiva en
general). Vale aclarar que estos criterios de distinción también suelen tener
fronteras difusas en la práctica y un mismo caso puede tener proyecciones
que excedan la categoría aquí adjudicada. Sobre los mentados criterios
ordenadores, todavía se consideró un eje argumentativo: si aplicaban –o
no- los estándares internacionales en la materia. En el gráfico siguiente se
presentan esos criterios cruzados (sustantivo: horizontal; adjetivo: vertical)
para luego agrupar allí los casos revisados a partir de un criterio de argumentación
(¿Usa –o no- estándares D.I.D.H.?)
42 Se relevaron un total de 10 fallos entre 2005 y 2010 de los que se obtuvo hasta el momento el
texto completo del fallo. Otros casos sólo fueron tomados en cuenta a partir de noticias publicadas
en el diario judicial, el sitio web del CIJ, y del diarismo local. Todos ellos del Juzgado nº1 en lo
contenciososadministrativo de la ciudad. De aquellos 10 relevados con fallo completo, una mayoría
absoluta fueron medidas cautelares (7/10). Seis casos están centrados en impedir el avance
de desalojos arbitrarios, sin la previsión de reubicación de las familias desalojadas que impone el
DIDH o contradiciendo acuerdos firmados entre el Instituto de la Vivienda provincial y los actores.
Los restantes 4 casos, versan sobre reclamo de prestaciones habitacionales especificas y positivas,
ya sea exigiendo por circunstancias excepcionales la entrega de una vivienda digna o un subsidio
equivalente, o bien la adjudicación de una unidad habitacional prevista en un plan social de vivienda.
Todos los casos iniciados como “amparos” o “medidas cautelares autosatisfactivas o autonomas”,
según registro del tribunal.
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