revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

RODOLFO NáPOLI
la diversidad de actividades que existen en la producción agropecuaria y que
ya están regladas por acuerdos y convenios colectivos que datan de muchos
años anteriores a la sanción de la ley.
También, se mantiene el esquema vigente de las actividades “incluidas”
y “excluidas” (arts. 3° y 7°); las primeras deberán entenderse con carácter
enunciativo, en tanto la inclusión expresa de algunas actividades sólo excluye
las que, también expresamente, lo hace en el art. 3°. De igual modo,
se incluyen aquellas que se desarrollen en centros urbanos (art.7°“…y aún
cuando se desarrollen en centros urbanos, las siguientes tareas:...”). Se dejaría
así una puerta abierta a nuevas actividades agrarias, concordante con
la definición del contrato de trabajo agrario (art.11° in fine “…tareas propias
de la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones, tales como la
agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras semejantes.”).
En cambio, las exclusiones serían taxativas.
3. Aplicación en relación con la Ley de Contrato de
Trabajo.
Otro tema importante es la articulación con la Ley de Contrato de
Trabajo. Así, en lugar de eliminar directamente la exclusión de los trabajadores
rurales derogando el inciso “c” del artículo 2° de la Ley de Contrato
de Trabajo introducido por la regla del Estado Dictatorial n° 22.248 de 1980,
se deja abierta a la interpretación de que “…será de aplicación en todo lo
que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido
en la presente ley.” (art.2° inc.b Fuentes de regulación. Concordantes
con arts.100 y 104). Se vuelve con ello, aunque indirectamente, al criterio
del estatuto especifico cerrado. Tampoco se formula la salvedad de que se
aplique el principio de la norma más favorable para el trabajador, aunque
como principio fundamental en derecho del trabajo debe aplicarse por formar
parte del orden público laboral. Se trata de regular las relaciones entre
dos leyes, una general y otra especial, para lo cual se debe realizar un doble
juicio de compatibilidad: a) una compatibilidad fáctica (con la naturaleza y
modalidades de la actividad) y b) una compatibilidad jurídica (con el específico
régimen jurídico), si no se opone a él o no haya sido contemplado en
dicho régimen o complete e integre la institución de que se trate. También
deberá aplicarse la LCT, cuando la institución de esta ley general no haya
sido reglada por la ley especial y es compatible.
En el referido principio de la norma más favorable para el trabajador
(Conf. art. 9° LCT) y los casos de duda sobre la aplicación de normas legales
o convencionales, prevalece la más favorable al trabajador, considerándose
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