revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

SILVIO aLEJaNDRO bEVaCQUa
título gratuito, bastaría la condición del perjuicio (art. 962 C.C.); en tanto
que tratándose de actos del deudor a título oneroso, no solamente sería necesario
el perjuicio al acreedor, sino también el fraude del deudor (art. 968
C.C.). Y al respecto se expresa que en función de dicha interpretación, el
citado art. 961 del Cód. Civil debería leerse como si dijera: “Todo acreedor
quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por el
deudor en perjuicio (actos a título gratuito) o en perjuicio y fraude de sus
derechos (actos a título oneroso)”.
A partir de lo expuesto, se pasarán a analizar seguidamente las citadas
condiciones especiales de procedencia de la acción pauliana contra los actos
del deudor a título oneroso, las que, como se dijo, se encuentran establecidas
expresamente en el aludido art. 968 del Código Civil.
a) ánimo de defraudar: En este caso, se requiere a fin de que la acción
sea procedente contra un acto a título oneroso, que el deudor haya querido
por ese medio defraudar a sus acreedores.
La justificación de tal extremo legal, radica en que aún el deudor insolvente
mantiene la libre administración y disposición de sus bienes. En efecto,
podría suceder que el deudor desconociera su propio estado de insolvencia, o
bien que conociendo dicho estado se dispusiera a realizar de buena fe actos
de administración o disposición, a fin de mejorar precisamente su situación
patrimonial. Consecuentemente, en dichas circunstancias no sería procedente
la acción revocatoria. En definitiva, sólo sería viable la mencionada acción,
si el demandante prueba que el deudor ha realizado actos de mala fe, es decir
con intención de perjudicar con los mismos a sus acreedores.
ahora bien, en tal sentido la primera parte del art. 969 del Cód. Civil
establece a favor del acreedor accionante una presunción legal al respecto.
En efecto, se expresa textualmente en dicha norma: “El ánimo del deudor de
defraudar a sus acreedores por actos que le sean perjudiciales, se presume
por su estado de insolvencia”. Del texto del transcripto precepto, se deduce
que no es necesario que se pruebe en el proceso la intención deliberada de
defraudar a los acreedores, ya que bastaría en su caso que el demandante
acredite que el deudor conocía su propio estado de insolvencia. En conclusión,
la prueba de que el deudor era consciente de su insolvencia y en
consecuencia conocía el perjuicio que con el acto jurídico atacado causaba
a sus acreedores, hará presumir su ánimo de defraudar.
A su vez, entiende la doctrina en forma conteste que lo establecido en
el citado art. 969 del C.C., es solo una presunción juris tantum, admitiéndose
por lo tanto prueba en contrario. Por eso, podría a su vez el deudor probar
que en tal caso, pese a tener conocimiento de su estado de insolvencia, no ha
175