revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

iguroso en cuanto a la concurrencia de los distintos requisitos de procedencia
de la mencionada acción, ya que no es función del ordenamiento
jurídico la defensa a ultranza de las prerrogativas de unos en detrimento de
los derechos de otros.
Es decir que, en pos de la defensa de los derechos de los acreedores, no
se puede pretender menoscabar sin razón e injustamente tanto los derechos
del deudor como los de los terceros adquirentes, los cuales, por su parte,
son tan merecedores de tutela jurídica como los de aquéllos. A su vez, puede
afirmarse que de ese modo, se garantiza eficazmente la vigencia de la seguridad
jurídica como valor primordial e inalterable en un estado de derecho.
Teniendo en cuenta lo que hasta aquí se ha venido exponiendo, puede
aseverarse que es responsabilidad de los operadores del derecho, que la
acción revocatoria con sus trascendentes consecuencias jurídicas, les sea
efectivamente concedida a los acreedores sólo cuando se encuentren adecuadamente
acreditados los pertinentes extremos legales. y ello debe ser así, no
por un mero rigorismo formal carente de contenido práctico, sino más bien
en función del loable propósito de que, so pretexto de defender los derechos
de los acreedores, no se termine perjudicando sin causa alguna a deudores y
terceros. En efecto, esa es la finalidad de los requisitos y limitaciones de la
acción pauliana que al respecto establece sabiamente nuestra legislación civil.
En definitiva, mediante tal proceder se contribuye ciertamente a hacer
efectivo en la práctica el postulado de dar a cada uno lo suyo. En otros términos,
se propugna de ese modo, la concreta obtención de una de las más
nobles virtudes que un hombre pueda anhelar: La Justicia.
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