revis075 - Colegio de Abogados de La Plata

LILIANA ETEL RAPALLINI
Visto así, en cualquier ordenamiento estatal, la regulación de la jurisdicción
internacionalmente competente, es unilateral dado que las normas
estatales no determinan si el conocimiento del litigio corresponde a la justicia
propia o a la de un Estado extranjero sino que se limitan a puntear los casos
en que ha de conocer la propia administración judicial.
Como corolario, se deduce que argüir falta de jurisdicción en el requirente
frente a una rogatoria, el requerido deberá atenerse a una regla de “lex
causae” por la cual la jurisdicción del primero estará determinada como
potestad unilateral y acorde al ordenamiento nacional o internacional que
lo estipule y, en segundo término, verificará si aún así se invade o vulnera
su jurisdicción exclusiva.
En cuanto a la identificación del derecho aplicado al fondo de la cuestión,
cabe acotar que la solución brindada por el juez de origen, no tiene
razón alguna para guardar identidad con la que hubiera brindado la autoridad
nacional a la misma controversia; una aproximación a lo dicho significa
que la autoridad requerida no revé el fondo de la causa, su potestad sólo
puede extenderse a ponderar el resultado final y que éste no constituya una
violación de orden público. 11
Finalmente y en relación al ítem relativo a violación de orden público
cabe preguntarnos a cuál de sus variables nos estamos refiriendo, si a la
interna o a la internacional. En verdad una y otra son caras o puntos de mira
de una unidad; por el interno se apunta a limitar la autonomía de la voluntad
y por el internacional se limita la participación de elementos foráneos que
conculquen al espíritu de la legislación del foro.
Empero, y a la luz de moderna doctrina, esta línea divisoria tajante
se va diluyendo en pos de la mutabilidad del orden público sea interno o
internacional.
Pero lo que es de valor indudable y universalmente acatado, es la existencia
de un orden público supranacional que tiene como finalidad suprema
la tutela de derechos humanos de grada constitucional. Con ésto podemos
cerrar una idea aproximada por lo menos, acerca del entrelazamiento que
exhiben los recaudos a tomar, frente a una sentencia extranjera en la que
la violación de orden público se encierra en otras cuestiones, tales como,
no haberse observado o no estar lo suficientemente probado el derecho de
defensa y participación procesal.
11 CaLVO CaRaVaCa, alfonso Luis- CaRRaSCOSa GONzáLEz, Javier: Práctica Procesal
Civil Internacional. Ed. Comares. Granada, 2001. Página 352.
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