Historia de la regulación eléctrica en Venezuela - Universidad de ...

Capítulo III
¿Quién regula? Historia de un "atraso institucional"
Fue el Presidente copeyano R. Caldera quién tomó en 1969 la
primera medida significativa hacia una institucionalización de la regulación
al nivel nacional, al nombrar una comisión asesora del Ministerio de
Fomento para el estudio de un sistema nacional de tarifas de energía
eléctrica (integrada por el Ministerio de Fomento, la Cámara Venezolana
de la Industria Eléctrica Privada y Cadafe), "por cuanto es preocupación
del Gobierno Nacional el que la energía eléctrica sea suministrada a precios
razonables a los usuarios del servicio, por cuanto por otra parte es interés
del Ejecutivo Nacional que las tarifas eléctricas que se establezcan no
lesionen el legítimo esfuerzo de las empresas que la suministran"
(Resolución del 22 de julio de 1969). Inmediatamente el Ministro de
Fomento emite una Resolución (GO 28999 del 19 de agosto de 1969),
"por la cual las tarifas de Energía Eléctrica no podrán ser modificadas por
ninguna entidad hasta tanto este despacho no resuelva lo conducente".
De allí en adelante, las tarifas se determinarán por Decretos publicados
en la Gaceta Oficial.
A lo largo de este periodo, la postura de las empresas eléctricas
privadas respecto a la regulación cambió poco a poco. La Electricidad de
Caracas sigue diciendo que cualquier regulación es perniciosa. R. Zuloaga
(1963), se refiere a un estudio comparativo publicado por la Universidad
de Harvard en 1959 en el cual se denuncia la política de precios eléctricos
bajos, que producen servicio pobre, quiebra de las empresas privadas y
racionamiento eléctrico; pero, a la vez, Elecar empieza a pensar que tal
vez es mejor una regulación por parte del Gobierno Nacional que de un
Concejo Municipal, y una ley que norme las competencias y los criterios
de todos los actores involucrados. La Cámara de la industria privada, en
su ponencia en el Congreso del Colegio de Ingenieros de 1961, propone
una moción que dice: "Considerando que existe una actitud pública hacia
las tarifas fundamentada en conceptos errados y que presionan en pro
de una disminución indiscriminada de las tarifas que resultaría ruinosa
(…) resuelve recomendar el estudio de una estructura básica común, y
expresar la necesidad de que los precios establecidos para el suministro
de le energía eléctrica respondan a un análisis técnicamente elaborado.
Las empresas piden la adopción de una Ley de la Industria Eléctrica que
guíe, norme sus inversiones, rentabilidad, sus tarifas, sus relaciones
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