Historia de la regulación eléctrica en Venezuela - Universidad de ...

Capítulo III
¿Quién regula? Historia de un "atraso institucional"
del poder nacional (…) todo lo concerniente a la regulación, vigilancia,
fiscalización de las actividades relativas a (…) la energía eléctrica". 16 Según
el mismo proyecto, quien otorgará las concesiones será el Gobierno
Nacional.
El proyecto de ley de 1979 define al servicio eléctrico como
"de la exclusiva competencia del Poder Nacional". El Proyecto de 1993
prohíbe la creación de empresas eléctricas municipales o estatales. En
1997, el Comité Jurídico de Caveinel, en sus observaciones al proyecto,
encuentra insuficientes los argumentos presentados para atribuir
competencia al poder nacional en la actividad de distribución y dice:
"Este punto debe reforzarse, dado que quizás es el aspecto más
importante del proyecto".
El proyecto elaborado por la Comisión de Energía del Senado
en 1998 no menciona ni siquiera una sola vez a los Municipios, a pesar de
lo que dice la Ley Orgánica del Régimen Municipal. 17 El siguiente
comentario escrito por un abogado, ilustra perfectamente el sentir de
las empresas eléctricas desde el inicio de los años setenta: "No es
conveniente que la distribución (eléctrica) esté de manera irrestricta
sometida a las arbitrariedades o caprichos de un municipio". 18 El proyecto
de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, propiciado
por las empresas eléctricas en 1997, quería especificar que la competencia
en materia de distribución y venta es de carácter nacional, considerándose
sólo de competencia municipal el alumbrado público (Memoria del FIV,
16
"No es lógico ni útil disgregar la regulación del servicio entre las diversas entidades políticas
que constituyen el Estado, sino que por el contrario, lo que se impone es una reglamentación
única y un control centralizado de todas las actividades" (Comentarios del Colegio de
Ingenieros al proyecto de ley).
17
Artículo 36: "Son de la competencia propia del Municipio (…) 2. Distribución y venta de
electricidad y gas". En el Congreso se elaboró, en octubre de 1996, un Acuerdo mediante el
cual la Cámara de Diputados solicitaba al Ejecutivo Nacional revisar la aplicación del nuevo
esquema tarifario en el sector eléctrico hasta tanto no se dictara un marco regulatorio
garantizando la participación ciudadana y, especialmente, la de los municipios en la toma de
decisiones en la materia (GO 36.082 de noviembre de 1996). Para mayor detalles sobre el
tema de la competencia municipal, ver Coing, 2001, Capítulo 2.
18
Sylvia Márquez y Asoc., Comentarios sobre la estructura de la transacción para la privatización
del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Archivos FIV, 1998).
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