Historia de la regulación eléctrica en Venezuela - Universidad de ...

Capítulo I
La estructura del sistema eléctrico venezolano y el papel...
con el modelo de las empresas verticalmente integradas, como condición
para que se pueda introducir una competencia en generación y en
comercialización. Esto supone por cierto, un desmembramiento de Cadafe,
su partición en varias empresas de distribución, así como la creación de
una o varias empresas de transmisión. El Decreto 1.556 de 1996
determina un plazo para que se opere tal separación. Durante el año
1998 el Ejecutivo Nacional promulgó un Decreto "para definir y ejecutar
en un plazo no mayor a un año los preparativos para la creación de la
Empresa Nacional de Transmisión, cuyo objetivo será la unificación de las
operaciones de mantenimiento y expansión…" (Memoria FIV, 1998). La
misma Memoria resalta "como un logro significativo en este año las
iniciativas de las empresas Cadafe, Edelca y Enelven para la conformación
de la Empresa Nacional de Transmisión que, a partir del 1o. de enero de
1999, tiene previsto el inicio de sus operaciones".
•Privatización
Privatización. La Ley de privatizaciones encarga al FIV (el mayor accionista
de las empresas públicas eléctricas) la elaboración de una estrategia de
venta de los activos públicos, le otorga un plazo de 180 días para
presentarla al Ejecutivo y la lista de empresas a vender. De inmediato,
surge una primera lista que incluye a Enelven y Enelco, Enerbar, Planta
Centro y la Resolución 1.061 (1993) inicia el proceso de privatización de
Enelven, Enelco y Enelbar. El mismo año, el FIV encomienda un estudio a
una firma de consultores, para elaborar un plan estratégico del sector
eléctrico (identificar las áreas susceptibles de ser privatizadas a corto y
mediano plazo, las áreas que deben ser reestructuradas y las que deben
permanecer bajo el control y administración del Estado). La lista de las
empresas por privatizar se amplía, en 1994 con la inclusión del complejo
Uribante-Caparo mediante un BOT y, en 1995, con el sistema eléctrico
de Nueva Esparta, por causa de la rápida degradación de la situación
eléctrica en la isla y, además, por los intereses regionales que quieren
entrar en el negocio. El Decreto 1.558 de 1996 va más allá: "La
participación del Estado como empresario en la prestación del servicio
eléctrico se hará de manera subsidiaria cuando ello no fuera de interés
para los particulares (Art. 5)". Se determina así la participación directa
del sector público como una excepción, cuando antes se definía como
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