Políticas Indígenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas

228 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
Conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo 229
Y el otro punto es el tema del tutelaje, el indigenismo de tutelaje;
es decir, el INDEPA fue una aprobación mutilada porque no fue
planteado por parte de las organizaciones que el jefe fuera decidido
a dedo por el partido político de turno. Ecuador, con menor población
indígena, ya tiene un derecho distinto en CODENPE a que los propios
indígenas se dirijan, o vamos a estar en el indigenismo de los años
40, donde imponer un representante del Estado es tutelaje. El otro
tema es el Comité Directivo, de veintitrés miembros, nueve son
indígenas versus catorce que no lo son, por eso es que no hay
participación, por eso es que el INDEPA va a morir como murió la
CONAPA y por eso que CODENPE sí vive y ahora tiene, por dar un
indicador, más de 50, 60 millones de dólares. Y no es que el dinero
sea la medida, pero demuestra legitimidad ante el Estado y el país,
entonces ese tema de INDEPA debería ser replanteado.
Wille Ruiz (Paz y Esperanza)
En el grupo 4 en lo que se refiere a inclusión constitucional, los pueblos
indígenas actualmente no existen como sujetos de derecho, lo
que existen son comunidades campesinas, comunidades nativas. La
propuesta que había incorporado el grupo 4 era inclusión de conceptos
como pueblos indígenas, me parece que para afinar mejor la
propuestas sería inclusión de los pueblos indígenas como sujetos de
derecho en la Constitución. Esa sería la sugerencia.
Lo otro que también trabajó el grupo 4 respecto al Convenio 169
de la OIT, el Estado peruano a partir de la ratificación de este
Convenio presenta memorias a la OIT respecto a cómo se viene dando
el cumplimiento de este Convenio; es decir, cómo se va cumpliendo
este Convenio en medio ambiente, en restitución de derechos, etc. Sin
embargo, el problema está en que este informe que presenta el Estado
a la OIT no es conocido por organizaciones indígenas ni por otras
instancias. Cuando hemos acudido a la propia OIT con sede en Lima
e incluso a las propias centrales de trabajadores, la CGTP, para pedir
si ellos tienen una copia de esa memoria, de ese informe del Estado,
ellos tampoco lo tienen, es casi como un secreto de Estado. Entonces
la sugerencia debería ser o sugiero que ese informe que presenta el
Estado peruano a la OIT sobre el cumplimiento del Convenio 169 sea
colgado en el portal del INDEPA.
Finalmente, quisiera decirles que en la Coordinadora de Derechos
Humanos estamos, precisamente elaborando un informe
alternativo al que presenta el Estado sobre el grado de cumplimiento
del Convenio 169.
Jorge Flores Ochoa (Universidad San Antonio Abad del Cusco)
Es referente a las conclusiones del grupo 1, no voy a citar de memoria
pero más o menos se refiere al derecho consuetudinario, donde se
dijo que se reglamentará o algo por el estilo. Pienso que es peor si el
derecho consuetudinario lo vamos a reglamentar puesto que deja de
ser consuetudinario. Justamente la diferencia con el derecho positivo
es que el positivo está escrito y el consuetudinario no, ¿queremos convertir
el derecho consuetudinario en derecho positivo, o se va a
respetar el derecho consuetudinario tal como es? En ese caso, se debe
cambiar la redacción, tal vez conocer los principios, las reglas que
tiene el derecho consuetudinario y tomarlo en cuenta cuando se
administra justicia a pueblos que se rigen por ese derecho.
José Mendívil (Universidad Ricardo Palma)
Creo que se podría incorporar como una política de Estado lo
siguiente: ninguna política de Estado o de gobierno va a funcionar
si es que los peruanos no sabemos exactamente cuál es la situación
de nuestras poblaciones indígenas. Más allá de los debates sobre si
son comunidades, pueblos, nacionalidades, etc., necesitamos los peruanos
saber exactamente a través de un censo nacional, un estudio
nacional, cuál es la situación actual de nuestras comunidades; en
recursos, en población, conocer exactamente cuál es la situación con
respecto a su tierra, a sus territorios. Sobre esto hay un debate entre
académicos, entre especialistas, pero no se cuenta con información
consensuada, centralizada y producida por el Estado. No existe
información, tampoco, sobre conflictos con empresas mineras. La
Defensoría está haciendo algo en ese sentido; sin información no hay
política de Estado coherente, entonces que se incorpore como una
propuesta.