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138 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
Ecuador: Políticas estatales para pueblos indígenas en el Ecuador 139
Roberto de la Cruz (Federación Comunidades Campesinas
Región La Libertad)
Relacionado a la institucionalidad, ¿cómo ha sido el proceso de
creación, de formación de esa institucionalidad? Y además ¿cómo les
ha servido para que ustedes puedan empoderarse dentro del Estado
ecuatoriano?
Respuesta de Luis Maldonado
Con respecto a la aplicación del Convenio 169, en el Ecuador, el
Congreso Nacional lo ratificó en el año 98 y por lo tanto, como manda
la Constitución, es ley de la República. También hay que considerar
que la Constitución del año 98 supera en sus contenidos al Convenio
169 en varios aspectos, especialmente en el tratamiento transversal
de los derechos en todos los ámbitos de la Constitución. Con respecto
a su aplicación se han tenido dificultades. Por un lado, por la falta
de preocupación del gobierno y de las entidades estatales de socializar
dichos derechos, establecer los mecanismos para su aplicación como
de los recursos económicos necesarios para su ejercicio. Pero también
debo decir autocráticamente, que existen responsabilidades del mismo
movimiento indígena, porque no ha existido una estrategia ni
iniciativas concretas para ejercer sus derechos.
Es importante subrayar que la Constitución reconoce los
derechos de los pueblos indígenas, no los otorga. Es decir, reconoce
las instituciones indígenas, sus formas de gobierno, sus prácticas
sociales, económicas, culturales y espirituales, así como sus espacios
territoriales. Considero que el movimiento indígena, concretamente
sus dirigentes, no han tenido voluntad política ni capacidad para
promover y concretar el ejercicio de estos derechos; se han privilegiado
las conveniencias políticas determinados por la agenda estatal
y la agenda política electoral. Respecto a la administración de justicia,
estas instituciones y prácticas se ejercen cotidianamente por parte de
las comunidades y se han fortalecido porque existe un marco
constitucional que las protege y, por tanto, se las puede defender y
ejercer. Se ha generado jurisprudencia muy valiosa.
Efectivamente existe una ruptura cultural, pues el crecimiento
del movimiento indígena, las políticas generadas, las prácticas
inciden en la diversidad de procesos sociales, culturales, políticos,
económicos y culturales. Como ejemplo podemos señalar el desencuentro
entre los líderes nacionales y las dinámicas locales o de base,
en cuanto a la agenda política, a sus prioridades y contenidos, como
también en sus procesos organizativos. Creo que en la propuesta sobre
el desarrollo podemos evidenciar estas rupturas, yo por lo menos
no encuentro diferencias entre las reivindicaciones de los sindicatos
de izquierda o los partidos políticos y la agenda impulsada por la
dirigencia del movimiento indígena. Es decir, es la misma demanda
desarrollista, asistencial y clientelar.
Como había afirmado anteriormente, esta situación la entiendo
como consecuencia del proceso no planificado de crecimiento del
movimiento indígena en el Ecuador. Vivimos un proceso acelerado
de crecimiento como movimiento político, se conquistó espacios públicos
que nunca habíamos pensado alcanzar. Nos hemos abierto
demasiado y en forma acelerada, sin tomar en cuenta nuestras
propias potencialidades y limitaciones, de tal manera que, mientras
más conquistas hemos logrado, más nos hemos debilitado. Por
ejemplo, los principales cuadros que teníamos para la conducción
del movimiento han tenido que asumir funciones a nivel del Estado,
ante esta situación tampoco se ha formado cuadros políticos que
cubran estos espacios, debilitándose la capacidad de conducción
política del movimiento indígena. El pueblo es sabio cuando sentencia
que «el que mucho abarca poco aprieta», eso es lo que nos ha
pasado.
Para ser justos hay que subrayar que la experiencia de la participación
política ha sido muy valiosa y rica en incrementar conocimiento
sobre lo que es el Estado y conocer sobre el poder y su ejercicio.
También relativamente se ha fortalecido la identidad cultural, se ha
mejorado la autoestima, se ha visibilizado las capacidades técnicas,
políticas y éticas de nuestros dirigentes y profesionales, especialmente
al nivel local, alcanzado una enorme experiencia positiva, logrando
mucho prestigio los procesos participativos de la gestión pública y
con alto control social que caracteriza a las autoridades indígenas.
Estas innovaciones han merecido el reconocimiento nacional e
internacional, obteniendo inclusive premios internacionales por
gestiones alternativas. Podemos afirmar que hemos dado un prestigio
al liderazgo indígena en el país.