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182 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
Perú: Población indígena y políticas públicas en el Perú 183
buscar “que se castellanicen, que se globalicen lo más pronto, que se
integren al desarrollo lo más antes posible”.
Desde hace cerca de un siglo se está buscando la integración
del sur, sin embargo, los resultados no son los mismos que las
intenciones, y es por ello que pasa un poco como en México con el
sur que tiene una posición electoral distinta al norte, beneficiado
por el TLC. En el Perú el Trapecio Andino no es más que un eufemismo
para designar al territorio con mayoría quechua y aymara que,
por el hecho mismo de estar imbricada y mezclada desde siempre
con la sociedad nacional, es el sostén del crecimiento de la República.
Es muy difícil encontrar que haya afirmación de la identidad tan
plena como hay en los grupos amazónicos, cosa que podemos discutir
después.
En Puno, el gobierno aprista hizo algo muy importante al
reestructurar lo que había hecho la reforma agraria, ya que se habían
preservado las grandes haciendas ganaderas del altiplano
convirtiéndolas en empresas manejadas por el Estado, lo que generó
una casta de administradores enfrentados a las comunidades, que
empezaron a protestar. El decreto de reestructuración agraria que
entrega un millón de hectáreas a las comunidades y reestructura
definitivamente las SAIS generó un fenómeno bien particular. En
efecto, en el Perú existen en este momento alrededor de 6,000
comunidades campesinas, de las cuales más de mil están en Puno y,
de éstas, la gran mayoría son resultado de la reestructuración agraria,
pues el único camino para obtener la tierra era reconocerse como
comunidad. Hay que diferenciar, entonces, entre las comunidades
campesinas de Puno producto de la reestructuración, y las comunidades
y parcialidades históricas existentes en el departamento
desde antes de la misma.
Las medidas del gobierno aprista reflejaban el intento por
acercar el Estado a la población indígena, pero el sur andino siguió
siendo un espacio de menor inversión pública. Por ello, la reciente
votación en primera vuelta para elegir al Presidente de la República
no es una votación contra el sistema, sino todo lo contrario. Los
ciudadanos que votaron en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica al
80% por Ollanta Humala expresaban su expectativa por una mayor
presencia del Estado, reclamaban políticas públicas que los
beneficiaran directamente.
Volvamos a la historia reciente: la protección de las comunidades
culmina, evidentemente entre otras cosas, con el gobierno de
Fujimori dando curso a las políticas de ajuste y a las propuestas del
neoliberalismo que, entre otras cosas, considera que el mercado de
tierras tiene que activarse. Así, tal como sucedió en México en el mismo
momento en que se cambió la Ley de Ejidos, en el Perú se cambiaba
la legislación sobre comunidades campesinas.
La intención era la misma: que las tierras de las comunidades
sean libres, que ingresen al mercado y que éste regule la circulación
de la propiedad, haciéndola más productiva y logrando así por ende
una mayor integración a la economía nacional de espacios campesinos,
tradicionales y atrasados.
Tal es el principio de la reforma de las normas en el gobierno de
Fujimori, en el mismo momento en que se expande la reivindicación
del Convenio 169 de la OIT. No deja de ser curioso que este Convenio
no surja de una institución mundial vinculada a los pueblos indígenas,
sino de la Organización Mundial del Trabajo. Adoptado en Bolivia
como ley, en el Perú todavía es de difícil aplicación en todos sus
componentes, porque al referirse a “organizaciones tribales” no queda
clara la ubicación de culturas más complejas, como los quechuas y
los aymaras. ¿Son beneficiarios o no del 169? Ese es otro debate que
podemos tener después, pensando ¿hasta dónde llega la aplicación
del 169?, ¿qué deben hacer los legisladores del Perú para aplicar el
169 de manera correcta a nuestra normatividad?, ¿con qué poblaciones?
Lo importante es que el Perú también ha ratificado el 169.
En lo que respecta a la interculturalidad, me parece más bien
que es una palabra que está siendo excesivamente manoseada y que
se ha convertido casi en un concepto polisémico, y además como si
fuera la solución de todo; en realidad, se trata de la interrelación entre
grupos culturales distintos. Se entiende por interculturalidad, por
ejemplo en educación bilingüe, que se enseñe en quechua a los que
son quechua hablantes. Eso no es interculturalidad, es educación
bilingüe. Interculturalidad quiere decir que el que habla castellano
aprenda algo de quechua y el que está en Lima sepa algunas palabras
de aymara, que sepa además cómo viven los puneños, eso se puede
aceptar como interculturalidad. Estamos cargando toda nuestra
concepción, por lo menos en el Perú, a convertir en sinónimo de interculturalidad
algunas ventajas para los pueblos indígenas.