Políticas Indígenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas

178 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
Perú: Población indígena y políticas públicas en el Perú 179
inconexos que no conforman una política coherente y explícita, con
objetivos y metas definidos.
Lo primero que puedo decir después de haber escuchado las
exposiciones de ayer es la notoria similitud, en los países de América
Latina, respecto a la herencia que las diversas repúblicas tomaron, a
partir de una matriz colonial, respecto a la relación entre el Estado y
las poblaciones indígenas. Se constata con claridad esta herencia colonial
que en el Perú tiene sus particularidades, pero que desde
México hasta Bolivia repite los mismos esquemas alejando al Estado
de las poblaciones indígenas, intentando hacer políticas y acercándose
o alejándose de acuerdo a las coyunturas históricas, pero siempre
sobre la base de esta matriz colonial por la cual la población indígena
es excluida, marginada y puesta a un costado al diseñar las grandes
políticas de los Estados desde su surgimiento en el siglo XIX.
En el Perú es preciso remontarse al gobierno de Leguía, quien
se autodesignó, en la década de 1920, oficialmente como el gran
defensor de la población indígena. Como en otros Estados, en un largo
periodo de 70 años, a lo largo del siglo XX, desde 1920 hasta 1990,
se puede afirmar que el Estado peruano promulgó una legislación
que reconocía parcialmente los derechos de las comunidades indígenas,
y las leyes aprobadas protegían sobre todo el territorio de
estas comunidades, luego de un largo ciclo de expansión de los territorios
de hacienda, precisamente a costa de los espacios comunales.
La protección de comunidades a lo largo del siglo XX corre entonces
de manera paralela con el debilitamiento de las haciendas en las
zonas de población indígenas. Sabemos bien que las haciendas de
la sierra en el Perú se formaron en la República, no en la colonia, por
ende son herencia del siglo XIX, como lo pueden afirmar los compañeros
puneños. En la década de 1920, cuando las haciendas serranas
apenas comienzan a insinuar su crisis, es que se afirma el proyecto
del oncenio leguiísta (1919-1930), que pretendía captar a la
población indígena como sustento social para su propuesta modernizadora,
protegiendo las tierras de las comunidades a la vez que
instaurando la Ley de Conscripción Vial para tener trabajo gratuito
para obras públicas, sobre todo caminos.
Leguía realizó reformas como la creación de la Sección de
Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento en 1921 y el Patronato
de la Raza Indígena en 1922. Hasta entonces, el discurso oficial había
sido excluyente; por lo tanto, el segundo gobierno de Leguía representa
un quiebre importante frente a lo que se conoce como la
República Aristocrática; desde allí en adelante se sucederán propuestas
de políticas públicas vinculadas a populismos, que tratarán de
acercarse a la población indígena protegiéndola. El ejemplo de Leguía
tratará, con variantes, de ser imitado.
La Constitución de 1920 dice explícitamente que: “El Estado
protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo
y cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce
la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará
los derechos que les correspondan” (Art. 58). Esto que la Constitución
afirmaba en 1920 lo podríamos suscribir ahora mismo, en el año
2006, si se aprobara una nueva Constitución, aunque ahora diríamos
“protegerá a los pueblos originarios y dará leyes especiales para su
desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades”, reemplazando
así la palabra “raza indígena” por la de “pueblos originarios”.
En 1920, entonces, recién se reconoce la comunidad indígena
como una institución jurídicamente válida a la cual el Estado le debe
protección, específicamente a sus tierras, que no pueden en adelante
embargar, vender ni expropiar; es decir, lo que se conoce en la jerga
legal como “las tres íes”: inembargables, inalienables e inexpropiables.
Estos principios han durado hasta el neoliberalismo de Fujimori,
pero hasta ahora se reivindican las “tres íes” en algunas propuestas
surgidas en la discusión en el Congreso de una nueva Ley
de Comunidades Campesinas. Pero en la continuidad de más de
medio siglo de esta protección de las tierras comunales, debemos
consignar un cambio importante, o como se ha mencionado en una
ponencia anterior, un parte aguas con el cual finaliza un periodo y
comienza otro; nos referimos a la reforma agraria impulsada por el
gobierno militar de Juan Velasco en la década de 1970.
Pero nos referimos a la reforma agraria no sólo en términos de
readjudicar la tierra (recordando que la reforma agraria mantuvo la
gran propiedad en algunas regiones, como es el caso de Puno con
las empresas ganaderas, o la costa norte con las empresas azucareras)
sino en lo que, desde mi punto de vista, representó el mayor impacto
simbólico en las concepciones ciudadanas, cuando aún en esa época
todos, estudiantes, profesionales, políticos y sobre todo indígenas,
vivíamos con las referencias y paradigmas del gamonalismo y de la