Políticas Indígenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas

40 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
México: La política indígena estatal en México
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cer acciones legislativas para garantizar el reconocimiento del sujeto
de derecho y la libre determinación y autonomía, a fin de que
los pueblos indígenas determinen sus formas internas de convivencia
y organización; apliquen sus sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos; elijan sus autoridades y
representantes de gobiernos internos; desarrollen sus lenguas y conocimientos
propios, sus culturas y sus identidades; tengan acceso
y disfruten de sus tierras y recursos naturales; y participen y estén
representados políticamente, con pleno acceso a la jurisdicción del
Estado.
En cuanto a su desarrollo y mejoramiento de sus condiciones
de vida, están obligados a establecer acciones legislativas para favorecer
la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno
y la propia participación indígena que lleve a incrementar los actuales
niveles de escolaridad básica, media y superior, con programas
educativos desde las culturas propias, mejorando y ampliando la
educación bilingüe intercultural, la capacitación productiva y los
sistemas de becas en todos los niveles. Toda la nación, en todos los
Estados, no sólo los indígenas, necesita una educación que promueva
la interculturalidad, con respeto y conocimiento de todas las culturas
mexicanas. Asimismo, son obligaciones constitucionales asegurar los
servicios de salud, la nutrición y alimentación, y el desarrollo de la
medicina tradicional; el mejoramiento de las viviendas con todos los
servicios necesarios, vías de comunicación, telecomunicación y medios
propios; desarrollo productivo sustentable, suficiencia de ingresos
y creación de empleos y tecnologías; abasto y comercialización;
garantizar el desarrollo y la participación de las mujeres indígenas
y la protección a los migrantes nacionales y en el extranjero.
Todas estas ya son garantías constitucionales establecidas desde
el año 2001, y sobre estos derechos ya reconocidos tendremos que
avanzar para lograr lo mucho que aún nos falta, pero no podemos
detenernos a esperar argumentando desde la inercia que provocan
los dogmatismos y cerrazones que nos impiden construir y avanzar.
2.2. Marco legal de los Estados
En la república mexicana dieciséis constituciones estatales enuncian
la conformación pluricultural de sus poblaciones. Las disposiciones
contenidas en éstas no son uniformes y varían desde el establecimiento
de líneas para buscar la incorporación de los pueblos al desarrollo
económico y social, hasta el reconocimiento del derecho a la
libre determinación en un marco de autonomía y unidad estatal.
Según el criterio de los contenidos de las reformas estatales mencionadas
anteriormente, podemos distinguir textos constitucionales
que contienen principios, y textos constitucionales que reconocen
derechos, agrupables en dos tipos:
a. Aquellos que reconocen la composición pluricultural de la entidad
y establecen líneas generales de atención hacia los pueblos
indígenas. Entre éstos podemos ubicar a Querétaro, Hidalgo,
Sonora, Jalisco, Durango, Estado de México y Michoacán.
b. Aquellos que además de reconocer el carácter pluricultural de
la entidad han avanzado, todavía con algunas limitaciones,
en el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas,
entre los que podemos ubicar a Chiapas, donde se
reconoce el derecho de las comunidades para elegir a sus autoridades
tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones,
así como para resolver controversias entre indígenas
conforme a sus valores culturales, conforme lo dispuesto en el
artículo 13.
En el caso de Oaxaca, fue el primer Estado que reconoció el derecho
a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas
expresado como autonomía, que implicó el reconocimiento a sus formas
de organización social, política y gobierno, así como sus sistemas
normativos internos, jurisdicción en sus territorios y el acceso a los
recursos naturales de sus tierras y territorios, conforme se expresa
en el artículo 16. Asimismo, se reconocen las prácticas democráticas
que las comunidades indígenas han utilizado para la elección de sus
ayuntamientos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25. Al respecto
cabe señalar que de quinientos setenta municipios que existen en el
Estado, más de cuatrocientos han optado por la elección vía usos y
costumbres.
En el caso de Nayarit, se reconoce el derecho a la libre determinación
expresada en autonomía para decidir sobre sus formas
internas de convivencia y organización social, económica y cultural;