Políticas Indígenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas

42 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
México: La política indígena estatal en México
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en la creación de sus sistemas normativos, sus usos y costumbres y
formas de gobierno tradicional.
Entre otras constituciones que reconocen derechos específicos
podemos ubicar a Chihuahua, donde se reconocen en el artículo 8
los métodos e instituciones utilizados para impartir justicia; Campeche,
donde se reconoce el derecho de los pueblos a desarrollar y
fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, así como sus
formas e instituciones de gobierno, sus sistemas normativos y de
resolución de conflictos, así como sus formas particulares de organización
social y política, conforme lo dispuesto en el artículo 7.
También en este grupo de Estados ubicamos a Quintana Roo,
donde se crea un órgano para que se imparta la justicia indígena y
se reconoce el derecho para resolver las controversias entre los miembros
de un pueblo indígena, de acuerdo a sus usos y costumbres. Asimismo
Veracruz, que plasma también el derecho de los pueblos a la
libre determinación en el artículo 5 de la Constitución política local.
La nueva Ley de San Luis de Potosí vigente desde septiembre
de 2003, tiene por objeto garantizar a las comunidades integrantes
de los pueblos indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas
específicas de organización comunitaria y de gobierno propio, y el
respeto y desarrollo de sus culturas, reconociendo a las comunidades
como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio.
No obstante estos reconocimientos, aún los más avanzados como
el caso de Oaxaca, el impacto y aplicación de las normas constitucionales
citadas, no se plasman en el mejoramiento de las condiciones
de vida, ni en el desarrollo integral, ni en la vigencia y ejercicio
de sus derechos individuales y colectivos. Lo anterior, debido a que
no se han realizado ni en el ámbito federal ni en las entidades federativas,
las reformas integrales y estructurales que consideren permanentemente
y en toda materia el carácter pluricultural de nuestra
nación y de nuestros Estados. Tampoco se ha avanzado en el reconocimiento
jurídico, social y político del sujeto colectivo de estas atribuciones
y derechos. Es decir, aún no se han completado las condiciones
jurídicas, institucionales, políticas y presupuestales que consoliden
las bases para el establecimiento de nuevas relaciones entre Estado,
la sociedad y los pueblos indígenas, y promueva la reconstitución y
el fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
En el caso de Oaxaca, su Constitución y la ley reconocen la
personalidad jurídica del sujeto «pueblo indígena», pero la verdad
es que hoy los indígenas no están organizados como pueblos. No
tienen organicidad, ni representatividad, ni una territorialidad definida
como pueblos. El «pueblo» es un sujeto en construcción, cada
uno de los pueblos son sujetos en reconstitución. ¿Quién puede ejercer
entonces ese derecho reconocido en Oaxaca si el sujeto «pueblo»
no tiene todavía la existencia social real ni jurídica? Hoy esos pueblos
se organizan y se expresan en sus municipios y comunidades, sólo
con sus representatividades legales y tradicionales, pero no tienen
representatividad como «pueblos».
3. Pueblos indígenas y participación política
Los pueblos indígenas no son parte del sistema político mexicano.
Además de estar excluidos de los beneficios del desarrollo nacional,
también están excluidos de la democracia representativa, y mucho
más de la necesaria democracia participativa.
El sistema político mexicano y nuestro modelo de democracia
están cerrados a incluir en la agenda del Estado a nuevos sujetos, y
sobre todo sujetos colectivos, como los pueblos indígenas. Esto se
refleja en la no representación electoral de los doce millones de indígenas
mexicanos.
En México, la participación política de los pueblos indígenas
termina en su propio ámbito comunitario o, en el mejor de los casos,
el municipal. Hay sistemas propios de participación indígena en el
poder local, pero no en los demás ámbitos del poder político.
Los indígenas votan en porcentajes similares que el resto de los
electores, pero son los menos representados en el Congreso y en la
Federación en general. Si bien la decisión del voto es secreta e individual,
en última instancia sabemos que en el medio indígena suele
comentarse el asunto en el ámbito comunitario, y que en general se
define una postura común y colectiva. Por eso participan en las elecciones
en la misma proporción que el resto de los votantes y a veces
en mayor porcentaje, pero tienen poco acceso en las decisiones del
poder estatal y nacional.
Pero no se trata sólo de superar la ausencia de candidatos indígenas,
sino de una reconstitución de nuestro sistema político y del