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118 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
Ecuador: Políticas estatales para pueblos indígenas en el Ecuador 119
van de ella. Y por otro lado existen las políticas públicas que tienen
como marco legal los decretos presidenciales y ministeriales.
Existen dos marcos legales que constituyen la política pública
estatal: el Convenio 169 de la OIT que contiene los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, ratificado en el año 1998 por el Congreso
Nacional; y en segundo lugar la Constitución de 1998, que incluye
los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Como es de conocimiento público, los convenios internacionales
ratificados por el Congreso nacional tienen el estatus de norma constitucional
y se convierten en ley del Estado. Este es el caso del Convenio
169, que al momento es la única norma internacional expresa.
Existen otros convenios como el de biodiversidad, propiedad intelectual,
etc., que contienen algunos aspectos puntuales sobre los
derechos de los pueblos indígenas y obligaciones que asumen los
Estados.
Convenio 169 de la OIT
Este Convenio Internacional tiene avances importantes en lo que es
el reconocimiento como pueblos indígenas y sus derechos colectivos,
pero también tiene enormes limitaciones, porque expresamente
manifiesta que este Convenio no afecta a la norma internacional en
relación al derecho a la libre determinación. Es decir; se reconoce como
pueblos, pero a medias, porque no pueden ejercer el derecho a la libre
determinación. Son pueblos menores de edad.
Entre los avances jurídicos del Convenio 169, los más importantes
aspectos que podemos subrayar son los siguientes: a) el reconocimiento
a los pueblos indígenas no sólo como poblaciones sino
como pueblos, b) no son poblaciones temporales sino entidades históricas
contemporáneas, c) se propicia una nueva relación entre los
pueblos indígenas y el Estado, a través del reconocimiento de la
diversidad cultural, y d) se fomenta el fortalecimiento de sus propias
instituciones y su visión de desarrollo.
Constitución Política del Ecuador (1998)
En cuanto a la Constitución Ecuatoriana, tiene avances muy importantes
en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y tuvo un
importante proceso de participación. La CONAIE, desde que incluyó
en su agenda la Asamblea Constituyente, y aprovechando la coyuntura
política de la caída del gobierno de Abdalá Bucaram, en el
que el movimiento indígena fue protagonista, exigió al gobierno
interino la realización de la Asamblea conjuntamente con otros
sectores de la sociedad. Presentó una propuesta consensuada con los
pueblos indígenas y sectores sociales para la Constituyente y participó
a través del Movimiento Pachakutik en las elecciones para la conformación
de la Asamblea, logrando el 10% de la representación. Con
representantes directos en la Asamblea se incluyó un equipo
permanente de negociación con los diversos partidos políticos para
la inclusión de los derechos colectivos, los mismos que lograron en
sendas mesas de diálogo y acuerdos, incluir en los debates a todos
los sectores de la sociedad. La inclusión de los derechos colectivos
se logró mediante un acuerdo de todos los partidos políticos y sectores
sociales y productivos de la sociedad. Fue una de las experiencias
más novedosas y positivas que ha vivido el Ecuador desde su
fundación.
Revisemos los avances jurídicos más importantes:
Diversidad y Pluriculturalismo: Desde el Preámbulo, la Constitución
del 98, recurre a fundamentar al Estado en la historia milenaria, de su
pueblo, es decir, en la historia del pueblo indígena y posterior a ella.
Proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación Ecuatoriana
en el reconocimiento de la diversidad de regiones, pueblos, etnias y
culturas. Estos principios son desarrollados en los Art. 2, 3, 62 y 97.
El reconocimiento de los pueblos indígenas y la diversidad cultural
y geográfica de la nación caracterizan al Estado ecuatoriano. El
movimiento indígena señala que en esta parte no se logró incluir el
carácter del Estado como Plurinacional. Obviamente, no se incluyó
la representación que se buscaba de un 30% de representantes indígenas
en el Congreso Nacional y en todas las entidades públicas.
El reconocimiento de los territorios indígenas, en el sentido de
legalizar mediante escritura pública dichos territorios tampoco se
incluyó. Aunque si se incluyó el derecho a constituir circunscripciones
territoriales indígenas, dentro del capítulo de las entidades
seccionales autónomas.