Políticas Indígenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas

64 Políticas indígenas estatales en los Andes y Mesoamérica
México: La política indígena estatal en México
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instituciones públicas que atienden a todos los mexicanos y, a través
de ellos, a la población en general, que también es la idea que ha
expresado Huberto Aldaz: que una nación multicultural no es solamente
un espacio en donde los indígenas tengan competencias múltiples
para desenvolverse dentro de su ámbito y fuera de él, sino que
quienes no somos indígenas tenemos que comprender los ámbitos
en los que se desarrolla la cultura indígena, las lenguas y de esa manera
ejercer un diálogo donde nos comprendamos todos. Muchos
entendemos que la interculturalidad es el medio idóneo para vencer
los arraigados prejuicios y el racismo que perviven en nuestra sociedad
y en buena medida el rezago y la división social, la desigualdad
económica y de la conflictividad latente que existe en el país
y que cíclicamente se manifiesta como polarización en muchos sentidos,
social, política, económica. Justo ahora estamos viviendo uno
de esos momentos.
No obstante que existe este cambio de perspectiva en algunas
instituciones y funcionarios públicos que van alentando hacia el
pluralismo, yo creo que existe dentro del Estado mexicano, dentro de
varios funcionarios, muchas posiciones ideológicas, fuerte interés económico
de la política asociada al poder económico, y una necesidad
fuerte de control social de quienes detentan las más altas esferas del
poder político y económico en México desde hace ya casi un cuarto
de siglo, y que son abiertamente contrarios al indigenismo de participación
y a la autonomía de los pueblos indígenas.
En estos años, los principales avances en materia de reconocimiento
de derechos indígenas han tenido que estar precedidos de
fuertes movilizaciones sociales, en particular del movimiento indígena,
que en determinadas coyunturas se liga con la reflexión y la
sensibilidad de otros actores políticos. Esta abierta contradicción que
existe en el seno del propio Estado mexicano, nos explica muchas de
las ambigüedades en las definiciones jurídicas y en las políticas públicas
dirigidas a los pueblos indígenas que, por un lado, otorgan
cierta autonomía nominal, y por otro lado, la restringen negándoles
la calidad de sujetos colectivos con personalidad política de derecho
público. En este esquema, como ha venido expresando Huberto
Aldaz, los indígenas serían sólo beneficiarios de políticas compensatorias
dirigidas desde el Estado pero no definidores de las políticas
que les atañen.
Por supuesto existen avances, sobre todo en materia legislativa.
Al menos nominalmente nos vamos reconociendo como país pluricultural,
se van reconociendo áreas en donde la autonomía puede
ser ejercida o desarrollada, particularmente el artículo 2 de la Constitución
reformada en el año 2001 dice que los pueblos indígenas
preceden a la formación del Estado nacional y, por lo tanto, poseen
el derecho a la libre determinación que se ejerce en un marco de autonomía
para decidir varias cosas. Hay varios incisos, pero entre los
principales que quiero destacar es que ellos pueden decidir según la
Constitución «sus formas internas de convivencia y organización social,
política, económica y cultural». También tienen autonomía «para
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus problemas internos», sujetándose por supuesto a ciertos parámetros
que el propio artículo constitucional define y que son los
principios generales de la Constitución: las garantías individuales,
los derechos humanos y, de manera particular, los derechos de las
mujeres. Está muy marcada la idea de que al reconocer la autonomía
indígena hay que proteger de manera especial a las mujeres, porque
existe la idea o la noción de que los derechos indígenas son sistemáticamente
discriminatorios de los derechos de las mujeres. Creo que
esta concepción, si bien tiene fundamento en situaciones reales, yo
creo que si revisamos cualquier sistema jurídico hace 50 o 100 años
tenía un trato desigual a los derechos de las mujeres y paulatinamente
todos los sistemas jurídicos han ido ampliando sus ámbitos
que garantizan los derechos de ciertos sectores que han estado excluidos
de los sistemas y van evolucionando para irlos incorporando.
Creo que los sistemas indígenas no son la excepción, van evolucionando,
van transformándose, no son eminentemente tradicionales y
estáticos. Paulatinamente van a ir solucionando las contradicciones
que el desarrollo social de su pueblos tienen en relación a sus normas
y no esta idea compulsiva de que el Estado tiene que decirles exactamente
por dónde guiar su lógica normativa o su cultura jurídica,
La Constitución también les reconoce el derecho a «elegir de
acuerdo con sus normas, procedimiento y prácticas tradicionales a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno». Así lo define, pero no obstante la participación
política indígena sigue estando muy restringida y sus
ámbitos de decisión reconocidos por una parte en la Constitución,