Justicia Electoral - Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

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En mi criterio este último requisito infringe la propia Constitución, en sus artículos 204 y 205, que establece laautonomía e independencia del poder judicial de los otros órganos del poder público.Debemos recordar que la intención del legislador no ha sido el de consagrar un privilegio personal del congresistasino salvaguardar la independencia del Congreso. 6Es más, tal requisito no lo contempla el legislador constitucional ni siquiera cuando se trata de enjuiciar al Jefede Estado.XII. TRATADOS INTERNACIONALESa) En correspondencia, que dirigí al Presidente y Vicepresidente del Congreso, les señalé que ese artículo (20) queordena la aplicación preferente de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos es restrictivo delactual artículo ocho del Código de Procedimiento Civil, sugerí, al respecto, adoptar la redacción del citado artículo,eliminando la palabra privado, para abarcar los tratados internacionales válidamente aceptados por la República;b) Por otra parte, creo que la referencia a que la “entrada en vigor o modificación de un tratado, así como suinterpretación se regirán por el Derecho Internacional,” no debe incluirse. En primer lugar por no ser necesaria,ya que es una regla de aplicación pacífica en derecho internacional. En segundo término por cuanto da laimpresión de que ordena no tener en cuenta, o por lo menos da lugar a dudas en cuanto a la aplicabilidad de lasdisposiciones de nuestra propia Constitución relativas a la manifestación del consentimiento, aprobaciónparlamentaria y ratificación por el Jefe de Estado, lo cual no creo que sea la intención del legislador;c) Tampoco estoy de acuerdo con la reforma recién adoptada que dice: “El inicio de la vigencia o de laconclusión o modificación de un tratado o convenio, así como su interpretación se regirán por sus propiasnormas o reglas comúnmente adoptadas por el derecho internacional en cuanto sean aplicables”.La nueva redacción sufre del mismo defecto de la anterior al dejar al interprete escoger entre las disposicionesconstitucionales y el derecho internacional.Sugiero concretamente la siguiente redacción: “Se regirán por sus propias normas”, yd) Creo se incurre en un gravísimo error al modificar el contenido del artículo 128 de la Carta Magna que havenido siendo aplicado en forma pacífica, eliminando los convenios o acuerdos que no requieren ser aprobadosmediante ley especial.Me refiero concretamente a aquellos acuerdos que:1) Ejecuten o perfeccionen obligaciones preexistentes de la República;2) Apliquen principios expresamente reconocidos por ella;3) Ejecuten actos ordinarios de las relaciones internacionales, o4) Facultades que la ley atribuya expresamente al ejecutivo nacional.El efecto de tal eliminación impedirá, por ejemplo, dar cumplimiento a las decisiones o resoluciones de organismosmultilaterales, de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y obligará al Congresoa pronunciarse mediante ley especial incluso para convenios elementales como sería materia cultural o deasistencia técnica.
XIII. VOTO UNINOMINALEn cuanto a la disposición aprobada por la Cámara de Diputados relativa a la naturaleza del voto a ser aplicadoa la elección de concejales y juntas parroquiales, casos en los cuales el proyecto de normas ordena que: Seaplicará el Sistema Electoral Uninominal.De aprobarse, en definitiva, la citada disposición sería aplicable de inmediato por lo que privaría dado su carácterconstitucional y sería contraria a la norma recientemente aprobada en la Reforma de la Ley Orgánica del Sufragio,según la cual se aplicará para los concejales un sistema uninominal en 66.66% y un 33.33% en forma proporcional.Para las juntas parroquiales se atribuyó al Consejo Supremo Electoral determinar la aplicabilidad inmediata de launinominalidad. En todo caso, no hay tiempo suficiente para aplicar esas normas en las elecciones de diciembre,ya que se requeriría la elaboración de los circuitos electorales totales en ambos casos. Así se desprende de loexpresado por la oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) que nos asesora en esa materia.He sugerido la conveniencia de una disposición transitoria de la nueva Constitución que aclare esta situación.XIV. PROPIEDAD EXCLUSIVA DE YACIMIENTOS MINEROSEl artículo, sin número, posterior al 33 debe hacer salvedad de los derechos de terceros Estados que contemplatanto la convención sobre derecho del mar, como la ley que crea la zona económica exclusiva. La actualredacción estaría en conflicto como los textos citados.XV. REGIMEN DISCIPLINARIO Y LOS ABOGADOSNo entiendo las razones por las cuales se incluye a los abogados dentro de las disposiciones relativas al régimendisciplinario aplicable a los jueces y otros funcionarios judiciales.Los abogados están sometidos a los tribunales de justicia, como cualquier ciudadano y en materia de sancionesdisciplinarias están bajo la jurisdicción de los tribunales disciplinarios de sus respectivos colegios.Debo señalar, asimismo, que estoy muy de acuerdo con las disposiciones relativas a:a) La creación de la figura del Primer Ministro;b) Preservación del ambiente;c) Reforma del Poder Judicial;d) La creación de la Justicia de Paz a quien sugiero, adscribirle los juicios en materia de tránsito;e) La creación del Defensor del Pueblo;f) La responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del error judicial, o por retardo u omisión enla administración de justicia;g) La creación del Consejo de Administración Federal;h) La posibilidad de convocar la Asamblea Constituyente, yi) El Fondo Federal de Desarrollo, etcétera.
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