Justicia Electoral - Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

Una segunda alternativa podría consistir en que se consolide el régimen vigente de calificación y consecuentementeque permanezcan los colegios electorales, pero robusteciendo al Tribunal en su carácter de suprema autoridadjurisdiccional en materia electoral. Para ello se requiere conferirle un carácter mayormente obligatorio y vinculantea las resoluciones del Tribunal, lo que se podrá lograr si se dispone que las resoluciones que emita el Tribunalen ningún caso podrán ser modificadas por los colegios electorales.En este orden de ideas los colegios electorales deberán, primero, aprobar las constancias de mayoría que nohayan sido impugnadas ante el Tribunal, salvo que existan motivos supervenientes; segundo, confirmar lasresoluciones del Tribunal las cuales no podrán ser modificadas en ningún caso, tercero, los colegios electoralesdeberán resolver las impugnaciones que se hagan en su seno en relación a los requisitos de elegibilidad de loscandidatos, y cuarto calificar las elecciones de representación proporcional, hecho lo cual deberán proceder aformular una declaración solemne a través de la cual se califique de válidas las elecciones correspondientes.Esta alternativa encuentra apoyo en la consideración de que no se puede correr sin antes haber aprendido aandar bien. Con objeto de consolidar al Tribunal como la suprema autoridad jurisdiccional en materia electoralse considera, asimismo, conveniente que se le confiera el control de la constitucionalidad de leyes y reglamentossobre la materia, con lo cual se clarificará, urbi et orbi, la naturaleza de nuestro órgano jurisdiccional.Con este fin estimo oportuno recordar que de los estudios que se han hecho en torno a la naturaleza del EstadoFederal (Kelsen), se desprende que en este tipo de organización existen órganos del Estado Federal propiamentedicho que se distinguen de los órganos de la federación y de los órganos de las entidades federativas y que ennuestro medio tienen este carácter la Suprema Corte de Justicia, cuando ejerce el control de la constitucionalidad,y el Poder Revisor de la Constitución, dado que se integra a través de la actividad concertada del poderlegislativo de la federación y del poder legislativo de las entidades federativas; así, en caso de que se le confieraal Tribunal Federal Electoral el control de la constitucionalidad de leyes y reglamentos en materia electoraltendrá la naturaleza de órgano del Estado Federal al igual que la Suprema Corte de Justicia.Para el caso de que esta propuesta no se considere viable por el momento, convendría evaluar la conveniencia deque se reforme la ley a efecto de conferirle al tribunal el carácter de consultor jurídico del gobierno en materiaelectoral, de manera tal que el ejecutivo federal o los ejecutivos locales le puedan consultar en forma a priorisobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o de reglamento ya sea federal o local en materia electoral.En este caso la opinión vertida tendría un carácter meramente orientador, correspondiéndole a la autoridad encuestión adoptar la solución respectiva.Sin embargo, se puede decir que en la medida en que las opiniones que emita el Tribunal tengan suficienteconsistencia jurídica electoral especializada, fruto de la experiencia en el manejo de los asuntos electorales eindependencia de criterio, se creará una atmósfera favorable para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.A efecto de concluir el presente ensayo quisiera señalar que el estudio que he hecho de nuestro pasado, elanálisis de nuestra realidad presente y las reflexiones que he formulado en torno a las alternativas que sepresentan para el futuro inmediato han tenido por objeto dar respuesta a las interrogantes de dónde viene, endónde está y hacia dónde va el Tribunal Federal Electoral.Para terminar quisiera referir que en el propósito de hacer de México un estado de derecho todos debemos asumira plenitud la responsabilidad que nos corresponde y que la responsabilidad que se le ha confiado a nuestroTribunal consiste en crear una atmósfera de seguridad e imparcialidad jurídica, que permita que los partidospolíticos diriman sus discrepancias y controversias en el marco institucional y no a través de corredores laterales.De aquí que a través de nuestra actuación debemos significarnos como abogados defensores del principio delegalidad teniendo, en todo tiempo presente que pocas cosas ofenden tanto a la conciencia ciudadana comouna administración tardía, deficiente, o parcial de la justicia.