Justicia Electoral - Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

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Corresponde a la ley determinar de qué manera los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podránutilizar los medios de comunicación social del Estado durante las campañas. El artículo 111 no otorga este derecho alos movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, pero sí a los “candidatos debidamente inscritos”.La ley puede escoger uno entre muchos sistemas de financiación estatal de las campañas conocidos en elDerecho Comparado. Podría consistir en el financiamiento directo a todos los partidos que participan en unproceso electoral, otorgado con independencia de los votos o las curules obtenidas. Una segunda modalidadconsistiría en el reembolso de los gastos electorales sólo a los partidos que hubieran obtenido un determinadoporcentaje de los votos emitidos (Alemania, Francia, Costa Rica, Ecuador). La ley podría exigir otras condiciones,como la obtención de una cantidad mínima de votos o de curules. 11El proyecto de ley elaborado por el gobierno únicamente prevé la financiación de las campañas de carácternacional (para elección de Presidente y de congresistas), callando en lo concerniente a las eleccionesdepartamentales y municipales. El sistema de financiamiento consiste en la asignación de un valor en pesos acada voto obtenido por el candidato o la lista, quedando condicionada la entrega de la contribución a laobtención de una proporción mínima de votos.B. Financiamiento privadoLa ley puede determinar el monto de las contribuciones individuales a las campañas. Las contribuciones queproceden de fuentes extranjeras son preocupantes, pues de no ser estrictamente reguladas y en otros casosprohibidas, tendrían ciertos extranjeros mayor poder de participación en la política nacional que los ciudadanoscomunes, quienes tan sólo cuentan con su derecho de voto individual, no otorgado por la Constitución aaquellos precisamente para impedir su injerencia en la política interna.Según el artículo 109 de la Carta, “la ley podrá limitar el monto de los gastos” que se pueden realizar en lascampañas. El proyecto de ley del gobierno asigna esa función al Consejo Nacional Electoral, lo cual no pareceir en armonía con la disposición constitucional.VI. COMENTARIO FINALLas disposiciones constitucionales sobre las cuales ha recaído el presente análisis apuntan hacia objetivos muyambiciosos. Persiguen modificar viciosas costumbres políticas profundamente arraigadas, democratizar ymodernizar los partidos políticos e inclusive el sistema de partidos mismo, e incubar en la sociedad una nuevaética electoral.La legislación deberá desarrollar y perfeccionar los controles necesarios para que se la respete, tanto los decarácter estatal como los de origen popular, es decir, todos aquellos que pueden y deben crecer al abrigo de laparticipación ciudadana.El cumplimiento de las leyes sobre financiamiento político debe garantizarse, además, con el respaldo derigurosas sanciones (que hubiéramos deseado encontrar en el proyecto del Gobierno) para quien las transgreda.Es así como deberían penalizarse las más graves violaciones al estatuto sobre financiamiento político, yconstituirse además en causales de inhabilidad definitiva de los responsables para aspirar a cargos de elecciónpopular.Sin embargo, la más severa y perfecta de las legislaciones será ineficaz si no se apoya en la voluntad colectivade acatarla por convicción.
NOTAS:1Jiménez de Parga, Manuel. Los Regímenes Políticos Contemporáneos. Madrid, editorial Tecnos, tomo 1,1984, p. 223.2En la práctica el sistema ha tenido efectos muy limitados debido a las dificultades que plantea su adecuadafiscalización.3Cfr. Hernández Becerra, Augusto. Derecho Electoral. La elección popular de alcaldes. Bogotá, publicacionesUniversidad Externado de Colombia, 1988, pp. 146 y ss.4Según el artículo 123 de la Constitución “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas,los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.5Sobre el particular se ha observado: “debe destacarse la extensión de la prohibición a los miembros de lascorporaciones de elección popular, lo cual no parece muy lógico. Este es un aspecto que deberá tener presenteel legislador al establecer las excepciones que la misma norma constitucional prevé”. (Lleras, Arenas, Charry yHernández. Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá,1992, p. 234.)6Aportación forzosa que quienes desempeñan cargos de elección hacen para el sostenimiento del partido alcual deben el cargo.7Cfr. García Cotarelo, Ramón. Los Partidos Políticos. Madrid, editorial Sistema, 1985.8La fórmula combina demasiados factores, algunos de los cuales son francamente utópicos o ideales, y noparece ser muy práctica debido a su complejidad. Es, además, imperfecta en algunos detalles que, según elproyecto, deberán ser ultimados mediante reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral.9Cfr. Muñoz Q. Hugo A. “Financiamiento de los partidos políticos”, en Diccionario Electoral, autores varios,San José, editorial CAPEL, 1989, p. 333.10El partido comunista francés, por ejemplo. posee no menos de 310 empresas, de las cuales 130 correspondenal sector comercial y financiero, 28 son compañías de bienes raíces, 114 compañías de publicidad, editorialesy librerías y 38 cooperativas y compañías de ayuda mutua (Campana, André. L‘argent secret: le financementdes partis politiques. París, editorial Arthaud, 1976, pp. 152 a 160).11Cfr. Vio Grossi, Eduardo; Rey, Juan Carlos, y otros. El financiamiento de los partidos políticos y la democracia enVenezuela. Caracas, Instituto de Estudios Políticos, editorial Ateneo de Caracas y Editorial Jurídica Venezolana, 1981.
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