Justicia Electoral - Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

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Como es lógico, cuando sea un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el órgano jurisdiccional que conozcadel recurso previsto por el artículo 49.1 de la LOREG, habrá que entender, a nuestro modo de ver, que seráese mismo órgano el que haya de remitir al Tribunal Constitucional las actuaciones correspondientes, emplazando,asimismo, a las referidas partes para que puedan personarse;e) El día de recibimiento, por parte del Tribunal Constitucional, de la demanda se dará vista de la misma alMinisterio Fiscal, para que en el plazo de un día pueda efectuar las alegaciones que procedan, yf) Deducidas las alegaciones o transcurrido el plazo inmediatamente antes citado, la Sala del TribunalConstitucional dictará sentencia, sin más trámite, en el plazo de tres días. En su sentencia, la Sala pronunciaráalguno de estos fallos:i) Inadmisibilidad del recurso;ii) Estimación de la demanda y reconocimiento, en su caso, del derecho del recurrente a figurar entre los candidatos, yiii) Desestimación de la demanda.A título final, hemos de significar que el recurso de amparo electoral, que debe ser objeto de una interpretaciónestricta no susceptible de extensión analógica a supuestos electorales de otra naturaleza, tal y como en diversasocasiones ha declarado el juez de la Constitución, supone un indudable fortalecimiento del ya muy amplio campode garantías en materia electoral, si bien, como ya hemos expuesto, no estamos en modo alguno ante un nuevomecanismo de garantía de la regularidad del procedimiento electoral, sino ante un recurso orientado a hacer frentea posibles violaciones de los derechos y libertades enumerados por el artículo 53.2 de la Norma fundamental y, demodo muy particular, del derecho de acceso a los cargos públicos que contemple el artículo 23.2 de la misma.
NOTAS:1Dieter Nohlen: “Derecho Electoral”, en el colectivo, Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de DerechosHumanos, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, San José (Costa Rica), 1989, págs. 211y sigs., en concreto, pág. 213.2Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 21/1984, de 16 de febrero, fundamento jurídico 2o.3STC 38/1983, de 20 de mayo, fund. jur. 3o.4El artículo 137 de la Constitución determina que: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, enprovincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomíapara la gestión de sus respectivos intereses”.5Ya en la “Instrucción que deberá observarse para la elección de diputados de Cortes”, que acompañaba a laconvocatoria de Cortes realizada por la Junta Central el 1º de enero de 1810, se preveía el nombramiento deentre ellos mismos de una comisión encargada de examinar los testimonios de su elección, cuyo informe en loscasos dudosos daría ocasión a una decisión inapelable de la propia Junta. Cfr. al efecto Carmen Fernández-Miranda Campoamor: La verificación de poderes (1810-1936), UNED, Madrid, 1987, págs. 55-62.6Nicero Alcalá-Zamora y Castillo: “Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales”, enEnsayos de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1944, pág. 527.7Miguel Artola: Partidos y programas políticos (1808-1936), tomo I, Aguilar, Madrid, 1977, pág. 78.8Manuel Giménez Fernández: Estudios de Derecho Electoral Contemporáneo, Universidad de Sevilla (1ª ed.de 1925), 2ª ed., Sevilla, 1977, pág. 170.9Leopoldo Elia: “Elezioni politiche (contenzioso)”, en Enciclopedia del Diritto” vol. XIV, Giuffrè Editore,Milano, 1965, págs. 747 y sigs., en concreto, pág. 750.10Carlos Ruiz del Castillo: “Garantías Electorales”, en Revista de Estudios de la Vida Local, No. 41, septiembreoctubre1948, págs. 666 y sigs., en concreto, pág. 669.11STC 24/1990, de 15 de febrero, fund. jur. 2o.12Jesús González Pérez: “EI recurso contencioso-electoral”, en Revista Española de Derecho Administrativo,No. 12, 1977, p. 5 y sigs.; en particular, p. 22.13José Luis González Montes: “Acerca del recurso contencioso-electoral”, en Documentación Administrativa,No. 176, octubre-diciembre 1977, p. 5 y sigs.; en concreto, pp. 26-27.14Jesús González Pérez: “El recurso contencioso-electoral”, op cit., pp. 17-18.15Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS), Sala 5a., de 27 de diciembre de 1982, en Aranzadi. RepertorioCronológico de Jurisprudencia (en adelante Aranzadi), Editorial Aranzadi, Pamplona, 1982. marginal 7677.16Voto particular, formulado por el Magistrado D. Francisco Rubio Llorente al ATC 731/1984, de 28 de noviembre.17Incidente de ejecución de una Sentencia previa del propio Tribunal (la STC 45/1983, de 25 de mayo) otorgando amparoy declarando la nulidad de una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Cáceres en unrecurso contencioso-electoral, al impedir al recurrente su legítimo ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
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