Justicia Electoral - Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

A lo mejor se apela a un punto que ya hemos sugerido: perseguir la mayor racionalidad en la decisión y en elvoto personales de cada elector, racionalidad que quizá se reputa perturbada si es que alguno se guía más porlas cifras que arrojan las encuestas que por una motivación surgida de sus propias reflexiones. Entonces se diráque conviene preservar al electorado de toda eventual influencia que provenga del medio ambiental, paradejarlo en la soledad de su mismidad, casi como encerrado en una probeta.Pero, a la inversa, también es válido suponer que cuantos mayores y numerosos aportes puedan ayudarlodesde el exterior para que decida su voto, mejor será el arsenal de información y de conocimiento de quedispondrá a ese fin.Todo tiene su pro y su contra. Hemos traído a colación la debatida cuestión nada más que para mostrar cómolos intentos en pos de la legitimidad de los procesos electorales, son conscientes de que la libertad del elector seha de munir de cuantas precauciones parezcan conducentes a garantizarla. Y el propósito intencional es muyloable. Sólo que también aquí ha de procurarse un justo y moderado equilibrio, para cuyo balanceo es útilretroceder a otra preferencia que nos es personal y que ya destacábamos antes: no caer en un reglamentarismoestatal oneroso y exorbitante.En el meollo mismo de este problema de la restricción a los sondeos, las encuestas y la difusión informativa desus resultados en la proximidad de una elección, se nos aparece la vidriosa cuestión de la censura: ¿es censuraa los medios de comunicación social la prohibición de cumplir aquella tarea informativa? Si se responde que loes, tendremos que añadir -a título personal- que entonces definimos nuestra opinión contraria a su aplicación.Tal vez no lo sea, una vez que asumimos como razonable que desde un cierto número de horas previas alcomicio tampoco se puede hacer propaganda a favor de candidatos y partidos, ni realizar reuniones políticas almismo fin, ni acaso tampoco ostentar símbolos o emblemas que expresan definiciones electorales, etcétera.i) Un antes y un después: el padrón de electores y el escrutinio de los votosEs irrefutable la afirmación de que la legitimidad del proceso electoral no se limita al día y al acto electoral. Sies un proceso tiene duración, hay un antes y un después, una etapa previa y otra posterior al comicio.La legitimidad impone exigencias en todo el transcurso del proceso, que se puede deslegitimar aunque no hayafraude que perturbe la emisión del voto y aunque se preserven las urnas con su contenido de boletas tal comolas han depositado los electores.En ese antes y en ese después vamos a circunscribirnos a dos aspectos únicamente: el padrón o registro deelectores, y el escrutinio o conteo de los votos emitidos.Que trampas puede haber en el padrón, es indudable. Por ejemplo, pueden registrarse ciudadanos que no estánen condiciones legales de votar, y no registrarse otros que sí lo están. Pueden, incluso, figurar personas fallecidas.Todo esto necesita control. Control -al menos en último término- judicial, porque ya dijimos todo lo necesario enorden a él en materia electoral. Y control de los mismos ciudadanos, de los partidos, de la sociedad en general.Por eso los padrones tienen que gozar de publicidad oficial anticipada, para dejar expeditas las impugnaciones,las correcciones, la actualización hasta el momento más próximo posible al acto electoral. Esto por una parte,y como ejemplo.Una vez cumplido el acto electoral se cuentan los votos. Hay votos válidos, votos nulos, votos en blanco. Laoperación -manual o mecanizada- tiene que estar sometida a fiscalización imparcial por parte de los ciudadanosy de los partidos, y su resultado debe ser susceptible de eventual control judicial si es que se formulanimpugnaciones. Además, todo el proceso del escrutinio requiere información y publicidad a toda la sociedad.