apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

o enmendados, aun y cuando el medio de impugnación mediante el cual se solicita
esa revisión, no deba su existencia a los procesos en los que nacieron los actos
impugnados. Luego entonces, se debe concluir que el término juicio está bien
empleado por tratarse de un medio de impugnación metaprocesal, ulterior al
proceso de origen del que devienen los actos reclamados; igual conclusión debe
adoptarse respecto al vocablo revisión, porque su referencia en la designación del
instrumento impugnativo que se analiza, no obedece a su vínculo a la doctrina como
recurso, sino a su significado etimológico que le da la connotación de un reexamen
o segunda revisión cuidadosa de una cosa.
5. EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL COMO
MECANISMO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS Y
RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES
Primeramente, cabe dejar establecido que con la reforma al artículo 99, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 189, fracción I,
inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 86, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en
síntesis establecen el juicio de revisión constitucional electoral, se ha generado en
algunos, o más bien en muchos, la idea de que con esta reforma se está afectando el
régimen federalista que permea en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque según se razona, al conceder a un órgano jurisdiccional federal,
como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la facultad de resolver respecto de actos y resoluciones emitidos por las
autoridades electorales locales, se realiza un acto de intromisión de la federación al
ámbito de competencia de los estados federados, lo que no significa otra cosa,
según los detractores del juicio de revisión constitucional electoral, sino una franca
violación a la soberanía de las entidades federativas.
Sin embargo, existen razones más que suficientes para pensar que no es así puesto
que el artículo 135 del Pacto Federal dispone que la propia Constitución Política
puede ser reformada o adicionada y para que la reforma o adición llegue a ser parte
de nuestro Máximo Cuerpo Normativo, se requiere el acuerdo correspondiente del
Congreso de la Unión, obtenido por el voto de las dos terceras partes de los
asistentes a dicho órgano colegiado; y que además, dicho acuerdo de adición o
reforma constitucional, debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los