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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL I
Carlos ORTÍZ MARTÍNEZ
SUMARIO: I. Principios a los que responde la impugnabilidad de actos y resoluciones electorales.
1. Principio de constitucionalidad. 2. Principio de legalidad. 3. Principio de definitividad. 4.
Principio de impugnabilidad. 5. Principio de instancia de parte. 6. Principio de oralidad. 7. Principio
de adquisición de la prueba electoral. 8. Principio de plenitud de jurisdicción. 9. Principio de
conservación del acto electoral. II. Sistema de medios de impugnación. 1. Remedios. 2. Recursos. 3.
Procesos. 4. Medios de impugnación electorales. III. Recurso de revisión. 1. Delimitación
terminológica. 2. Naturaleza jurídica. 3. Antecedentes legislativos. 4. Actos impugnables. 5. Plazos
de interposición. 6. Tramitación, substanciación y resolución. 7. Efectos de la resolución. 8.
Notificaciones. 9. Estadística. IV. Recurso de apelación. 1. Delimitación terminológica. 2.
Naturaleza procesal. 3. Antecedentes legislativos. 4. Actos impugnables. 5. Plazos de interposición.
6. Trámite. 7. Sentencia y efectos. 8. Notificaciones. 9. Estadística. V. Juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano. 1. Ciudadanía. 2. Derechos políticos y garantías
individuales. 3. Prerrogativas del ciudadano. 4. Antecedentes legislativos. 5. Competencia. 6. Actos
impugnables. 7. Partes. 8. Trámite. 9. Substanciación y resolución. 10. Sentencia y efectos. 11.
Estadística.
I. PRINCIPIOS A LOS QUE RESPONDE LA IMPUGNABILIDAD
DE ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES
En términos generales, se puede mencionar que la impugnación responde a la
necesidad de reparar errores involuntarios que se cometen con motivo del trabajo
judicial, al momento de emitir resoluciones jurisdiccionales por los tribunales, es
decir, se convierte en una garantía procesal para que las partes puedan combatir
actos o resoluciones ilegales, no apegados a la ley o que causen agravio al
recurrente.
En todos los sistemas procesales, se busca que los justiciables cuenten con la
posibilidad de combatir, oponer o atacar actos o resoluciones que son violatorios de
lo establecido en las leyes.
Si se parte de la idea de que “errare humanum est”, y que los jueces son humanos,
es imprescindible que el régimen legal contenga los correctivos necesarios y
suficientes para evitar actos irregulares derivados de la administración de justicia.