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morales. Pero se vio que había en cuestiones jurídicas que no constituían delito
(las relativas a las ordenanzas de la Administración, el contrabando, etc.) y que
también eran consideradas delictivas conductas que poco tenían de criminales
(la conducción sin permiso, las propagandas ilegales y otras figuras de
disensión). Además conductas que antes eran delito ahora no lo son, por
ejemplo el adulterio, los juegos de azar, etc., en tanto que ahora son delito
figuras que hace años eran conceptuadas infracciones meramente
administrativas (las relativas a los impuestos, al contrabando).
Esa falta de guía o pauta orientadora en torno a qué se ha considerado delito en
todo momento ha tratado de ser subsanada por los que afirman que el delito lo
es ‘quia malum’, porque es intrínsecamente malo, en tanto que la infracción
administrativa lo es ‘quia prohibitum’, porque está prohibido por la autoridad
del momento, solución que no resuelve el problema (y mucho menos, a la vista
de los ejemplos citados), sino que lo traslada a la comunidad encargada de
determinar lo malo y lo prohibido. Por eso quizá lo más práctico sea acudir a la
solución tan cínica como práctica, propuesta por el inglés Jeremy Bentham: ‘es
delito lo que la ley considera como tal’. Al fin y al cabo, la teoría analítica antes
enunciada tiene en cuenta este acierto al exigir el requisito de la tipicidad, esto
es, que es preciso que todo delito esté catalogado o tipificado en el Código o en
alguna Ley. 21
El clásico Delito Político consiste en intentar obtener un lugar en el poder
político o perjudicar a la persona que lo ejerce, por medio de acciones
incompatibles con las normas que regulan un sistema político vigente positivo;
por su parte el Estado puede considerar al Delito Político en términos muy
amplios en el que cualquier cosa puede ser considerada como delito,
actualmente se establecen formas de delitos políticos que pudieran tener como
consecuencia poner en peligro la seguridad del Estado, que equivale a una
concesión proteccionista de los intereses de un sistema político establecido. De
esta forma las legislaciones de los países desarrollados tienden a estrechar los
límites de las actividades políticas lícitas, para facilitar la prevención o la
detección por parte de la estructura estatal, de cualquier organización o
propaganda que le sean hostil, aun en sus niveles menores, por lo que los
peligros internos y externos han dado origen a conceptos como el ‘de
desmoralizar a la nación’ o ‘a sus fuerzas armadas’ o ‘a sus grupos de
seguridad’ y también al concepto de ‘poner en peligro el orden, la paz y aun la
existencia e independencia del Estado’, para justificar y fijar medidas de
represión para cualquier tipo de oposición real o imaginaria, así por ejemplo, el
Estado establece delitos como ‘el perjurio’ o ‘el desacato a las autoridades o a
los Tribunales’, con lo cual el área de su control legal la amplía o extiende a
ciertas actitudes o acciones políticas con lo que logran difamar o intimidar a sus
oponentes o cuando menos lograr beneficios de propaganda. De lo anterior
resulta que en el marco de un constitucionalismo liberal, el valor de un proceso
político depende de las presiones psicológicas y políticas de un momento
determinado; en todo caso teniendo presente la importancia de las instituciones
y procesos jurídicos y tradicionales, el proceso político ‘se caracteriza por ser
un factor generador de riesgos impredecibles’, a diferencia de las acciones
administrativas o judiciales. 22