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La razón política, en el juicio político, es oponible a la categoría ley, como
propuesta jurídica, mejor dicho jurisdiccional. La razón de la política pretende
encontrar una racionalidad de carácter histórico, entendida como una racionalidad
que varía conforme a las exigencias de lo concreto y particular en ese sentido, la
razón de la política esta construida con elementos de poder político que no
pertenecen a la razón de Estado; sin embargo, explícita o implícitamente en ella se
basa. Así se puede advertir que dicha razón de la política guarda relación o
pertenencia con el poder de clase, de partido, de grupo, etcétera.
“La ley, que es una categoría político-jurídica, incide en la categoría de un
historicismo-relativista, por lo que la manifestación del estado de derecho es
oponible pero no excluible en el juicio político. Ambas, razón y ley, son categorías
histórico-ideológicas que dan lugar al ejercicio del poder del gobierno (gobierno-
poder, en el sentido que Heller le da)” 51 ; pero mientras que la primera profundiza
en la justificación de lo fáctico, la segunda, expresa la ratio legis. En la primera,
mediante el Derecho del Estado, se ejercita el poder, en la segunda, mediante el
estado de derecho, se ejercita la juridicidad.
13. LA LEGITIMIDAD Y LA LEGALIDAD
La legitimidad, en un régimen político, es el consentimiento de los gobernados para
que sus representantes actúen de cierta manera en ciertas circunstancias y en un
determinado lugar y tiempo. Ese consentimiento es requerido en el juicio político,
pero ahora entre los representantes del electorado. Esa consensualidad se constituye
como unidad de poder y se traduce en acciones de juicio, en el sentido político del
término, el cual, formalmente, supone la necesidad y posibilidad reales de actos de
poder político, que conllevan una intención de conocer de las conductas (hacer, no
hacer) de sus pares o de otros miembros señalados en la normatividad jurídica como
sujetos susceptibles de juicio político.
Las formas de legitimidad se encuentran fuertemente relacionadas con la
conceptualización de autoridad y con las formas de legalidad en la normatividad
correspondiente. Esto no quiere decir jurisdicionalidad, sino para-
jurisdiccionalidad, en cuanto al raciocinio en la aplicación del derecho.