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VI. En los demás casos que fijan las leyes.
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión
establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los
cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el
plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del
interesado.
Por otra parte, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden,
teniendo como consecuencia también la suspensión de los derechos político
electorales, por las siguientes causas:
ARTÍCULO 38
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las
obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se
impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal,
a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que
prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión
hasta que prescriba la acción penal, y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
Por lo que se refiere a las limitaciones concretas y específicas, éstas fueron
analizadas en cada uno de los casos constitucional y legalmente establecidos.
Por último, cabe destacar que las limitaciones impuestas por el constituyente tienen
como fundamento legal el preservar los principios rectores de la función electoral,
que son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de la
elección, establecidos en la base III del articulo 41 de la Constitución.
4.8. Los principios constitucionales
Como lo hemos señalado anteriormente, nuestra Constitución goza de los principios
de supremacía, primacía y rigidez constitucional. El artículo 39 de la Constitución
establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la