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Actualmente, en los diversos países en que se ha adoptado el sistema de control
constitucional por órgano judicial o jurisdiccional, existe la tendencia de
implementar modelos intermedios entre el americano y el austriaco, que aprovechen
las ventajas de ambos y eliminen sus inconvenientes. Tal es el caso de países como
Italia, Alemania y España, que han adoptado un tipo de control constitucional
preponderantemente concentrado reservado exclusivamente a sus respectivos
tribunales constitucionales, a través de dos vías: una de acción en abstracto
conferida a determinados órganos del Estado, como sucede en el modelo austriaco;
y, otra que se aproxima al tipo americano, consistente en que por lo menos todos
los jueces comunes están facultados para plantear ante el tribunal constitucional, las
cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes, pero sólo en cuanto a las leyes
pertinentes para resolver los casos concretos sometidos a su decisión, debiéndose
suspender el proceso hasta que dicho tribunal resuelva lo relativo al conflicto
normativo.
Conforme a estos modelos intermedios, además de que se preservan los principios
de igualdad de todos ante la ley y de seguridad jurídica en la aplicación del derecho,
dado que se evita la contradicción de criterios al estar facultado un solo tribunal
para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes y sus sentencias
tienen efectos generales; también se dilucida dicho conflicto normativo cuando surja
en cada caso concreto que se ventile ante cualquier órgano judicial, mediante
reenvíos expeditos al respectivo tribunal constitucional, sin que los afectados tengan
que esperar el agotamiento de las instancias ordinarias para que con posterioridad
puedan plantear el problema de constitucionalidad ante instancias superiores, como
acontece en el modelo austriaco.
Asimismo, Héctor Fix-Zamudio señala que como muestra de la tendencia
latinoamericana a incorporar, con diversos matices, los rasgos del modelo
austriaco, sin que se hubiese afectado esencialmente la tradición “americana”, es
decir, sin producir su incompatibilidad con la desaplicación de las disposiciones
legislativas por parte de los jueces ordinarios, podemos señalar el establecimiento
de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965-1985), el Tribunal de
Garantías Constitucionales de Ecuador (1978-1983) y el Tribunal de Garantías
Constitucionales peruano (1979), ahora Tribunal Constitucional en la Carta de
1993, así como la transformación de la Suprema Corte de Justicia de México -
aunque conservando su nombre- en un tribunal constitucional por medio de las