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Corte estableció el criterio convertido en jurisprudencia obligatoria, que aún
subsiste, en el que sostiene que el Tribunal Fiscal no está facultado para resolver de
manera prejudicial o incidental las cuestiones de constitucionalidad que se presenten
con motivo de los asuntos de su competencia 24 .
Así, la justificación del Poder Judicial Federal para considerar que los órganos
jurisdiccionales ajenos a él, carecen de competencia para pronunciarse en cuanto a
la constitucionalidad de las leyes, se sustenta en que de conformidad con el
principio de la división de poderes, el órgano judicial está impedido para intervenir
en la calificación de inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a menos
que a ese órgano se le otorgue una competencia expresa para ello, como ocurre con
lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Suprema, que confiere a los tribunales de
la federación, la facultad para examinar la constitucionalidad de las leyes y actos de
cualquier autoridad 25 ; y que si bien es cierto, el artículo 133 constitucional
establece que los jueces estatales deben preferir la Constitución a las leyes locales
cuando éstas se le contrapongan, también es verdad que no les precisa una
competencia explícita para ello ni los medios para ejercerla 26 .
En 1995, también hubo una discusión sobre el control difuso de la Constitución,
suscitada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los ministros
que intervinieron, tres estuvieron a favor del control difuso con diversos matices:
Gudiño Pelayo, Castro y Castro y Góngora Pimentel y tres en contra: Aguirre
Anguiano, Azuela Güitrón, y el entonces presidente de la Corte, Aguinaco Alemán.
En cuanto a los ministros que estuvieron a favor, Gudiño Pelayo recordó a los
ministros presentes una profunda crítica hecha por Mariano Azuela Rivera en 1950
a la jurisprudencia, suscribiendo íntegramente este criterio, que señala que cualquier
juez debe eludir la aplicación de las leyes inconstitucionales siempre que la
oposición entre la ley ordinaria y el texto constitucional sea claro, pero si para
declarar la inconstitucionalidad de la ley hay que llevar a cabo una labor de
interpretación del texto constitucional, entonces debe esperar la sentencia de la
Corte 27 .
El tratadista y ministro Castro y Castro opina que sí pueden convivir perfectamente
los artículos 133 y el 103 y 107 constitucionales, y defiende el control difuso de la
constitucionalidad con el argumento de que todo funcionario que toma posesión de