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la destitución del cargo o empleo, y desde luego, también la multa y la sanción
privativa de la libertad.
Debemos señalar igualmente que durante nuestro largo proceso legislativo en
materia electoral, “los delitos electorales y las faltas administrativas se han
comportado como un buen matrimonio. En algunas épocas, tomados de la mano
aparecen en la misma legislación; después, se separan y siguen vidas
independientes, pero sin llegar a divorciarse, porque tiempo después vuelven a
aparecer juntos en el mismo ordenamiento jurídico, para, por último separarse
nuevamente como vamos a precisarlo a continuación” 4 .
Así podemos identificar cinco épocas perfectamente diferenciadas:
La primera corre desde la Constitución de Cádiz hasta el año de 1871, en que
entró en vigor el primer código penal conocido con el nombre de “Martínez de
Castro”. Se extendió 59 años y se caracterizó porque las disposiciones en
materia electoral recogieron conjuntamente tanto las faltas administrativas como
los delitos electorales.
A partir de la entrada en vigor del Código de Martínez de Castro (1871), corre
la segunda época hasta el año de 1918 en que entró en vigor el dos de julio, la
Ley para la Elección de Poderes Federales, esta etapa duró 47 años, y se
distinguió porque las conductas delictuosas estuvieron reguladas por el
correspondiente código penal.
La tercera época que es la más breve, corrió de la Ley para la Elección de
Poderes Federales de 1918, hasta el quince de diciembre de 1929, en que entró
en vigor el segundo código penal que tuvo vigencia en nuestro país, conocido
con el nombre de “Código de Almaraz”.
Durante este período que duró nueve años, coexistieron el capítulo de Delitos
Electorales del Código Penal de 1871 con carácter supletorio y el catálogo de
delitos electorales contenido en el Capítulo XI de la Ley para la Elección de
Poderes Federales de 1918.
A partir de 1929, en que entra en vigor el Código de Almaraz y deroga al
Código Penal de 1871, se inicia precisamente, la cuarta época que se extiende
por 61 años hasta el de 1990, en que el quince de agosto, entra en vigor el
actual título vigésimo cuarto del código penal vigente.