apuntes de derecho electoral apuntes de derecho electoral

una rebeldía contra el superior jerárquico; la desobediencia, que se manifiesta en el
incumplimiento de una orden de autoridad legítima de alcance general o particular,
por parte del o los destinatarios de la misma, equivale a una renuencia o negativa al
cumplimiento de las órdenes emanadas de una autoridad establecida en ejercicio de
sus funciones y dentro del ámbito o círculo de sus legítimas atribuciones, por la
negligencia en el cumplimiento de las disposiciones administrativas de seguridad,
ligadas en su mayor parte a tiempos y circunstancias; la cual se manifiesta en un
descuido o falta de atención en el desempeño de las referidas obligaciones, es la
omisión del cuidado que se debe poner en los deberes personales. El daño que
puede ocasionar la falta administrativa es la perturbación de la actividad
administrativa del Estado, vinculada a la producción de un detrimento a la
administración.
Las faltas administrativas se pueden clasificar como instantáneas, que son
aquellas en las que su consumación tiene lugar en un solo momento y que se agotan
al cumplirse la acción que la configura; permanentes que son las que se consuman
en un tiempo que el infractor puede prolongar voluntariamente, de tal forma que sea
de la misma manera violatoria de la norma transgredida en cada uno de los
momentos de ese tiempo, dentro de los cuales el infractor realiza la contravención y
continuadas, que son las faltas en las que existe una serie de acciones
idénticamente violatorias dentro de la norma electoral, las cuales son ejecutadas con
una misma unidad de resolución. Atendiendo a la naturaleza de los resultados,
pueden ser materiales, cuando su consumación exige la producción de un efecto
determinado previsto por la norma y que es diferente de la acción misma cumplida
por el sujeto activo; formales, cuando su consumación no demanda una
consecuencia independiente de la acción misma, por cuanto que son de pura
actividad y de daño, cuando para su configuración se requiera la efectiva lesión del
bien jurídico protegido por la norma.
La doctrina del Derecho Administrativo señala que una infracción “...es la
transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto, contrato o tratado”;
“..toda persona es responsable por la infracción de leyes administrativas, así como
por la de los convenios o contratos que hubiere celebrado, por lo cual procede la
aplicación de las penas respectivas establecidas, o cuando menos en la obligación de
resarcir los daños y perjuicios que resulten de su infracción o bien, permite
reclamar su ejecución forzosa, que de no poderse lograr, se traduce en el